¡VIERNES DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA!

M.F. Daniel Alejandro Magaña Urbina
CATEDRÁTICO-UMSNH

 

¡Buen día!
Esta nueva sección de su periódico Zihuatanejo Presente, se estará publicando cada viernes por este medio.
Cabe señalar que, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se publica cada viernes, razón por la cual se realizará en el mismo día la publicación en este espacio.
Al respecto, cabe señalar que, durante las dos semanas previas a esta, no se publicaron jurisprudencias, primeramente, por los días inhábiles que se tuvieron en la institución respectiva, que fueron el 14 y 15 de septiembre. De igual manera, la semana pasada los ministros se vieron impedidos para realizar su labor a causa de la desgracia que aconteció en la Ciudad de México, que fue el sismo de la semana pasada.
Esperando que, con la suma de los esfuerzos y la solidaridad de todos los mexicanos se pueda coadyuvar para la generación de un bienestar colectivo, les mando un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos en las zonas afectadas por las inclemencias de la naturaleza antes aludidas.
A continuación, las jurisprudencias del día:

1) MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO. SU APLICACIÓN POR EL TRIBUNAL LABORAL PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES EN AQUELLOS ASUNTOS RESUELTOS, INCLUSO ANTES DE SU REFORMA EL 25 DE AGOSTO DE 2015, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.
La Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo como medida de apremio a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, incluso durante la etapa de ejecución del laudo; entonces, este numeral es aplicable para toda clase de juicios que se encuentren en dicha etapa, aun tratándose de aquellos que fueron resueltos antes de que se reformara el 25 de agosto de 2015, sin que tal situación implique violación al principio de irretroactividad de la ley, contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no opera en perjuicio de algún derecho sustantivo adquirido por las partes, habida cuenta que las normas procesales tienen su origen dentro del propio procedimiento y se agotan en atención al estadio procedimental en que se encuentren, de forma que en cualquier juicio o procedimiento se aplica la legislación adjetiva vigente en el momento en que se desarrolle la etapa procesal de que se trate, salvo disposición en contrario, en los artículos transitorios de la propia ley, lo que no sucede en el caso.

(SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.)

2) REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 10 DE JUNIO DE 2016 -ACTUALMENTE ABROGADO-. CONFORME A SU ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, ENTRÓ EN VIGOR EL 9 DE AGOSTO SIGUIENTE.
Del análisis del precepto mencionado deriva que el Reglamento entrará en vigor, “a los 60-sesenta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León”, sin que se advierta que entrará en vigor al día siguiente de aquel en que terminaron los 60 días; de ahí que el reglamento citado entró en vigor el 9 de agosto de 2016, fecha que corresponde al sesentavo día siguiente al de su publicación. Lo anterior es así, porque el artículo primero transitorio admite su interpretación literal o gramatical y, por ende, debe darse prioridad de inicio a las expresiones que lo conforman como lo prevé el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su redacción no evidencia ambigüedad, debido a que de su simple lectura deriva la voluntad del creador de la norma expresada en sus palabras.
(PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.)

3) GRATIFICACIÓN ANUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007. LOS PENSIONADOS PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD A DEMANDAR SU PAGO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, SIN QUE PREVIAMENTE DEBAN FORMULAR PETICIÓN AL RESPECTO ANTE EL INSTITUTO MENCIONADO.
El precepto referido establece que los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión. Por otra parte, el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su texto vigente hasta el 18 de julio de 2016, señala que es competencia de dicho tribunal conocer, entre otras, de las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Concesiones de pensiones). Por tanto, cuando un pensionado demande el pago de la gratificación anual mediante el juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 57, último párrafo, citado, es innecesario que previamente acuda ante el Instituto aludido a solicitar el pago de esa prestación, a efecto de que ese organismo descentralizado emita una resolución, ya sea en sentido contrario a los intereses del promovente o bien, derivado de una negativa ficta, toda vez que para que se analice esa cuestión en sede contenciosa administrativa, basta que se le haya otorgado la pensión correspondiente y afirme que no le ha sido pagada esa prestación; lo contrario equivaldría a imponer una traba a las personas que acuden ante ese Tribunal en busca de la protección de sus derechos, en contravención al derecho de acceso a la justicia previsto en los artículos 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.)

4) ESCUELA MÉDICO NAVAL. EL CONSEJO DE DISCIPLINA, PREVIAMENTE A RECOMENDAR LA BAJA POR EXPULSIÓN DE SUS CADETES POR SALIR SIN AUTORIZACIÓN DE LA ESCUELA, BUQUE, UNIDAD O RECINTO OFICIAL DONDE SE ENCUENTRA ALOJADO EL CUERPO DE CADETES, DEBE VALORAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS, COMO LAS CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES, ATENUANTES Y LAS PERSONALES DEL INFRACTOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO RELATIVO).
El artículo citado dispone que el Consejo de Disciplina, considerando los elementos constitutivos del acto, recomendará la baja por expulsión, entre otros casos, por salir sin autorización de la escuela, buque, unidad o recinto oficial donde se encuentra alojado el Cuerpo de Cadetes. Ahora bien, la interpretación de dicho precepto lleva a concluir que la sanción de expulsión no es de ineludible aplicación a la conducta referida, porque el verbo “considerar” obliga a evaluar, sopesar o justipreciar los pormenores o circunstancias en las que se haya desarrollado el acto; es decir, el Consejo de Disciplina está obligado, previamente a recomendar la expulsión, a valorar tanto los elementos objetivos, como las circunstancias excluyentes, atenuantes y las personales del infractor, porque esa obligación deriva del principio de legalidad previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, aun cuando los capítulos de disciplina y sanciones del Reglamento de la Escuela Médico Naval no indiquen los parámetros que debe tomar en cuenta el Consejo mencionado, ese deber deriva del texto constitucional, sin que lo anterior altere los elevados principios que persigue la disciplina militar, sino que concierne al derecho fundamental al debido proceso. En ese contexto, se garantiza la observancia del principio de proporcionalidad, en concreto de la pena, porque el operador jurídico individualizará en cada caso la sanción, permitiendo que el cadete deduzca sus defensas como a su interés convenga.

(PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.)

5) CUOTA PENSIONARIA. EL DOCUMENTO DENOMINADO “CONCESIÓN DE PENSIÓN” CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD, CUANDO SE REFIERA A LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA.
El documento denominado “concesión de pensión”, si bien no es la última resolución dictada para concluir un procedimiento, sí es una manifestación aislada que por su naturaleza y características específicas, representa el producto final de la voluntad de la autoridad, porque el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se pronuncia de manera definitiva sobre la integración de la cuota pensionaria que corresponde a sus afiliados, esto es, constituye la última decisión de dicho instituto porque culmina con la determinación de la cuota una vez realizado el procedimiento que la propia autoridad detalla en el acto impugnado. Por tanto, para efectos de la integración de esa cuota, el documento denominado “concesión de pensión” constituye una resolución definitiva en términos del artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, en tanto que la autoridad ya emitió su decisión en cuanto a la integración de la cuota pensionaria del demandante, la cual podría ser modificada, lo que estará sujeto a lo que en el juicio de nulidad se demuestre. Consecuentemente, para que un pensionado cuestione ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa) la integración y el monto de la cuota diaria de pensión originalmente otorgado, es innecesario que acuda previamente ante el instituto a gestionar una respuesta expresa o ficta; aunque no se excluye esa posibilidad si así lo decide.
(PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.)

6) TRANSMISIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA, AL NO INCLUIR A LOS HERMANOS DEL EJIDATARIO DENTRO DEL ORDEN DE PREFERENCIA RELATIVO, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN.
El precepto citado, al no incluir a los hermanos del ejidatario dentro del orden de preferencia de la transmisión de los derechos agrarios, cuando no haya hecho la designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, no viola el derecho humano a la no discriminación reconocido por el párrafo último del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, al respecto, no hace una distinción motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. En todo caso, la diferencia sobre las personas con derecho a suceder -respecto de la legislación civil que sí contempla a los parientes colaterales- atiende a la naturaleza de los bienes que conforman el haber hereditario, pues tratándose del régimen agrario regido por principios como el de indivisibilidad y la regla para el destino de las parcelas, se protegen intereses de naturaleza colectiva; de forma que el legislador, al crear la norma agraria buscó, en primer lugar, proteger a la familia nuclear formada por el titular de los derechos agrarios y de los parientes en primer grado en línea recta, de quienes en su caso sí puede presumirse con mayor certeza que forman parte de la comunidad ejidal.
(SEGUNDA SALA)

7) SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 Y EL ANEXO 24 DE LA CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016.
Es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo promovido contra los anexos referidos, por no satisfacerse el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de otorgarse, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que se permitiría al contribuyente incumplir con la obligación de enviar mensualmente su información contable a través del buzón tributario, lo que afectaría la implementación por parte del Estado de los mecanismos electrónicos de comunicación, almacenamiento de información y fiscalización que permiten, por una parte, facilitar a los contribuyentes cumplir sus obligaciones fiscales y, por otra, que los procesos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, con el objeto de lograr una mayor recaudación para satisfacer las necesidades colectivas. Máxime que dichos anexos no incurren en el vicio de inconstitucionalidad detectado en el diverso Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.
(SEGUNDA SALA)

8) PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. LA EXPRESIÓN “CON PENSIÓN IGUAL O MAYOR A UN SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL”, CONTENIDA EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, REFORMADO POR EL DIVERSO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004, NO ESTABLECE UN LÍMITE MÁXIMO PARA TENER DERECHO AL INCREMENTO CORRESPONDIENTE.
El artículo citado establece que para los pensionados de 60 años o más, con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el monto de su pensión será el resultado de multiplicar la pensión que reciban al 31 de diciembre de 2003, o la que se determine si se pensionan después de esa fecha, por el factor de 1.11. Ahora bien, no es posible sostener que dicho factor sólo se aplica a pensiones con un monto igual o inferior a cierto monto de la pensión, pues de la interpretación gramatical y sistemática del precepto referido, así como de la propia intención del legislador, no se advierte algún elemento que autorice esa conclusión, máxime que al implicar una exclusión o limitante de una prerrogativa en materia de seguridad social, debe estar prevista expresamente en la ley.
(SEGUNDA SALA)

9) PENSIÓN JUBILATORIA. EL ARTÍCULO 51, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.
El precepto citado, al no contemplar la compatibilidad entre una pensión jubilatoria y el desempeño de un trabajo remunerado que implique incorporación o continuación al régimen obligatorio de la ley relativa, no viola el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé el derecho a la jubilación como una prestación de seguridad social que nace a partir de que concluye la relación de trabajo, al realizarse la condición de tiempo trabajado o edad del trabajador que el contrato o en este caso específico la ley señala; sin embargo, ese derecho está sujeto a la circunstancia de que se efectúe el retiro del servicio activo, pues si por cualquier causa el pensionado reingresa a una dependencia u organismo público, ello origina que siga percibiendo un salario e implica la incorporación al régimen de la ley del Instituto, lo que significa que el trabajador no se encuentra en retiro total de toda actividad laboral, siendo que el pago de la pensión por jubilación, nace hasta que se verifica el requisito esencial de la separación. Asimismo, el mencionado antepenúltimo párrafo del artículo 51 de la ley no impone como sanción la pérdida definitiva de ese beneficio, sino la facultad del Instituto de suspender la pensión al advertir su incompatibilidad, de la que puede gozarse nuevamente cuando ésta desaparezca y se reintegren las sumas recibidas en los términos que indica.
(SEGUNDA SALA)

10) INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE MODIFICA LOS REQUISITOS PARA EL ACCESO A UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, NO SE RIGE POR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLVII/2002, sostuvo que el derecho de audiencia previa no es exigible respecto de los actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales cuyo ejercicio trasciende a una expectativa de derechos que aún no se incorporan en la esfera jurídica de los gobernados. En ese sentido, la aplicación del régimen transitorio de la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 26 de noviembre de 2014, en vigor a partir del 1 de enero de 2015, consistente específicamente en el aumento en las aportaciones de seguridad social y en el establecimiento de una edad mínima como requisito para acceder a una pensión por jubilación, no constituye un acto privativo, pues acceder a ésta constituye una mera expectativa de derechos, al no entrar en la esfera jurídica del interesado sino hasta que se cumplan los requisitos legales vigentes al momento en que sean exigibles.
(SEGUNDA SALA)

11) AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).
El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por “escrito” en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. Con imágenes de SCJN.gob.mx
(PRIMERA SALA)

A todos, les deseo un feliz fin de semana.
e-mail: dmagana.tax@gmail.com

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