¡VIERNES DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA!

¡VIERNES DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA!

M.F. Daniel Alejandro Magaña Urbina

CATEDRÁTICO-UMSNH

¡Buen día!

El día de hoy, viernes 8 de este mes de diciembre del año 2017 tengo el agrado de compartir con Ustedes la Jurisprudencia Constitucional y Administrativa que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El día de hoy, se emitieron un total de 21 jurisprudencias, de las cuales se eligen las que corresponden a la materia constitucional y administrativa. Cabe señalar que, para estos efectos, también se integrarán para su comodidad las correspondientes a la materia común.

Sin más que agregar, sírvanse de la recopilación que les proporcionamos a continuación:

 

  • IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO DIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL LAUDO RECLAMADO. NO PROCEDE DAR VISTA AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EN DIVERSO AMPARO DIRECTO, CON EL QUE SE TIENE RELACIÓN, SE DETERMINÓ LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO (LAUDO), AL SER ELLO DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. No existe razón para dar al quejoso la vista que establece el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, en razón de la insubsistencia del laudo, ordenada en diverso amparo directo con el que tiene relación, en el que se determinó que la ejecutoria dictada por la responsable no se encontraba debidamente cumplida, lo que fue hecho del conocimiento de las partes. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 53/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1191, de título y subtítulo: “JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO, COMO CONSECUENCIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN ASUNTO RELACIONADO, DEBE QUEDAR AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR.”, donde la Segunda Sala estableció que, no obstante dicha obligación legal, tratándose de asuntos relacionados que, por regla general, se ven en una misma sesión del Tribunal Colegiado de Circuito, el cumplimiento de la obligación de dar la vista al quejoso con la posible actualización de alguna causa de improcedencia, depende necesariamente del examen cuidadoso que en cada caso concreto realice el juzgador, atendiendo a la ponderación de los diversos derechos de los gobernados en relación con los principios de exhaustividad, congruencia y concentración, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento, a fin de que pueda determinar si existe razón suficiente para ordenar la vista. De ahí que, atento a la forma de actualización de la citada causal y a la ponderación aludida, se considera que no procede ordenar la vista de ley en un caso como el primeramente precisado, por identidad de razón.

(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: Tesis: I.16o.T. J/3 (10a.))

 

  • DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA PREVENCIÓN PARA QUE SE NARREN CRONOLÓGICAMENTE LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO ÉSTOS ERAN CLAROS DESDE EL ESCRITO INICIAL, CONTRAVIENE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, EN SU VERTIENTE DE RECURSO EFECTIVO. De conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. En consecuencia, la prevención en la que el Juez de Distrito requiere al quejoso para que narre cronológicamente los antecedentes del acto reclamado, cuando éstos eran claros desde el escrito inicial, es injustificada y excesiva, en contravención al derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: VI.2o.A. J/4 (10a.))

 

  • AYUNTAMIENTOS O DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. SU ABSTENCIÓN DE CUMPLIR CON EL LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA, TIENE EL CARÁCTER DE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. Si en el amparo indirecto se reclama la omisión de la responsable de aplicar los instrumentos o medidas legales necesarias para la eficaz ejecución del laudo o resolución definitiva a cargo del demandado, de conformidad con la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, es evidente que debe requerirse al quejoso para que manifieste si lo señala como autoridad para efectos del amparo, y atribuirle la abstención de cumplir con el laudo o resolución relativo, con el apercibimiento que de no hacerlo se proveerá respecto de la admisión o no del resto de las autoridades y actos, conforme a lo expuesto en la demanda. Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 85/2011, de rubro: “DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o., DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).”, toda vez que se cumplen los parámetros que estableció dicho órgano colegiado, es decir, ante la inexistencia de una ejecución forzosa para la entidad o dependencia, para cumplir con una condena impuesta en una sentencia, debe tenerse a ésta como una autoridad para efectos del amparo. En este sentido, de los artículos 109 de la Ley Orgánica de los Municipios de Tabasco y 5o. de la Ley de los Bienes Pertenecientes al Estado (abrogada), se concluye que no podrá emplearse la vía de apremio, dictarse mandamiento de ejecución, ni hacerse efectiva por ejecución forzada las sentencias dictadas contra los Municipios o dependencias de la administración pública del Estado de Tabasco, así como que todos los bienes muebles e inmuebles que constituyan el patrimonio del gobierno del Estado son inembargables; por lo que para lograr que un ente de la administración pública del Estado de Tabasco acate o cumpla con la condena de una sentencia o laudo, no pueda aplicarse la ejecución forzada. Consecuentemente, la actitud de desacato a la sentencia afecta la esfera jurídica del particular al colocarlo en la imposibilidad de obtener, mediante la vía coactiva, la satisfacción de la pretensión a la que tiene derecho como se establece en la sentencia; de ahí que al no darse cumplimiento voluntario a ésta por el órgano estatal, es evidente que su actitud contumaz debe catalogarse como un acto de autoridad para efectos del amparo, previo requerimiento al quejoso para señalar como autoridad al citado Ayuntamiento, pues es la norma la que lo sitúa en un plano de desigualdad ante el privilegio que le otorga de no ser sujeto a ejecución forzosa, atento a su naturaleza de órgano de poder.

(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: (XI Región)1o. J/6 (10a.))

 

  • AMPARO INDIRECTO. CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE PROVEER RESPECTO DE LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), estableció que, por regla general, es notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por tratarse de una violación intraprocesal que no afecta materialmente derechos sustantivos, al no constituir actos de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, en esa misma tesis, señaló una excepción a esa regla general, específicamente cuando el Juez advierta de la demanda, que se está ante la “paralización total del procedimiento”. Luego, en atención a los efectos que produce la omisión de proveer sobre la admisión de una demanda laboral en un plazo razonable, es decir, cuando ha transcurrido un lapso mayor al doble de las 24 horas hábiles que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo (más de 48 horas, comprendidas de las 7:00 a las 19:00 horas de los días hábiles, acorde a los arábigos 714 a 716 de la ley citada), contado a partir de que el escrito se recibió en la Oficialía de Partes de la Junta, o bien, de la primera hora hábil del día siguiente a su recepción en la Oficialía de Partes o Unidad Receptora Común, se concluye que si no existe constancia de lo primero, se actualiza la paralización del procedimiento, con el consecuente perjuicio de imposible reparación, al afectar materialmente el derecho sustantivo de acceso a la justicia del promovente y, por ende, contra ese acto omisivo, procede el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, invocado.

(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.III.L. J/24 L (10a.))

 

  • VISITA DOMICILIARIA. SI EL VISITADOR NO ACUDE EN LA FECHA FIJADA EN EL CITATORIO PARA ENTENDER SU INICIO O EL CIERRE DEL ACTA FINAL, DEBE DEJAR UNO NUEVO PARA RESPETAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL VISITADO. Los artículos 44, fracción II y 46, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación prevén que ante la ausencia del visitado o de su representante para el inicio de la visita domiciliaria o el cierre del acta final, debe dejarse citatorio para que espere al visitador a una hora determinada del día siguiente para el desarrollo de la diligencia correspondiente; sin embargo, no señalan qué hacer cuando el visitador no acuda en la fecha fijada en el citatorio inicial y, por ende, menos aún la posibilidad de la expedición de uno ulterior. En ese sentido, atento al derecho a la seguridad jurídica, y para otorgar al gobernado la total certeza del desarrollo de la visita domiciliaria desde su inicio hasta su fin, optando con su presencia o la de su representante, la inasistencia del visitador genera la necesidad de dejar un nuevo citatorio con quien se encuentre presente en el lugar a visitar (cuando no se halle la persona buscada), donde se fije fecha cierta que no podrá ser otra que la del día siguiente al de su entrega, sin que requiera expresarse el motivo que generó que faltara a la fecha originalmente establecida.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 155/2017 (10a.))

 

  • SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. La multa impuesta a la autoridad responsable con motivo del juicio de amparo no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física derivada de sus conductas u omisiones, por lo que es ésta quien debe cubrirla con sus propios recursos; sin embargo, la multa referida se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas, de manera que no existe impedimento jurídico para que sea representado por los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones y, en el caso específico, a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción. Además, el legislador no distinguió respecto del alcance, términos, situaciones o etapas procesales en que la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo podría verificarse, sino que fue tajante al prever en el artículo 9o. de la Ley de Amparo que sería “para todos los trámites en el juicio de amparo”, lo que se corrobora con las facultades con que se dota a las unidades de apoyo jurídico de las distintas dependencias gubernamentales, a quienes se autoriza generalmente para representar a la persona moral oficial, a su titular y a los demás servidores públicos. Lo anterior no implica que la persona moral tenga legitimación como parte en el medio de impugnación que cuestiona la multa mencionada, así como que el funcionario deje de ser responsable por los actos u omisiones contumaces o ilícitos que la originaron, y que si el medio de defensa no es exitoso, debe cubrir la multa con sus propios recursos en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 103/2014 (10a.).

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 142/2017 (10a.))

 

  • RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL MAGISTRADO INSTRUCTOR NO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLO, A PESAR DE ADVERTIR UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. De la interpretación del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deriva que el Magistrado Instructor no tiene la facultad de desechar el recurso de reclamación en caso de advertir una causa notoria y manifiesta de improcedencia, pues la expresión “sin más trámite” implica que no puede calificar la procedencia del medio de defensa y debe dar cuenta a la Sala para que resuelva.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 109/2017 (10a.))

 

  • RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede en amparo indirecto contra la resolución que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. Por su parte, el sistema de ejecución de sentencias contenido en la Ley de Amparo consiste en impedir la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación se prevén determinadas sanciones a imponer con el propósito de lograr el eficaz cumplimiento del fallo protector, sin que su principal objetivo sea enjuiciar a las autoridades responsables. Entonces, si el incidente de inejecución de sentencia tiene como fin verificar la regularidad del procedimiento de cumplimiento del fallo constitucional, para determinar si éste no se ha acatado y, en su caso, si el incumplimiento está o no justificado, el auto en el que el Juez de Distrito niega su apertura no causa perjuicio trascendental ni grave a la quejosa, que no sea reparable con la resolución emitida al respecto por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que con posterioridad el juzgador estime procedente tramitar la incidencia en cuestión, ante la subsistencia de la actitud contumaz de la autoridad responsable, por lo que es improcedente el recurso de queja interpuesto en contra de dicho auto.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 151/2017 (10a.))

 

  • MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN CARRETERAS FEDERALES. LA AUTORIDAD PUEDE JUSTIFICAR SU COMPETENCIA MATERIAL Y TERRITORIAL EN LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LA EXTINTA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, HASTA EN TANTO LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EXPIDA LOS QUE LOS SUSTITUYAN. Con motivo de la extinción de la Secretaría de Seguridad Pública y la transferencia a la Secretaría de Gobernación de las facultades para organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, los elementos de aquel órgano administrativo desconcentrado siguieron desempeñando sus funciones bajo el amparo del cuadro normativo existente, siempre que no contraviniera el Reglamento de la Secretaría de Gobernación. Entonces, si para la fecha en que inició la transición referida, se encontraban vigentes el Acuerdo 01/2010 del Titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, por el que se expiden Lineamientos de operación para la imposición de sanciones por violación a las disposiciones legales en materia de tránsito, autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado; así como el Acuerdo 01/2011 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se determinan las circunscripciones territoriales en las que tendrán competencia las coordinaciones estatales de la Policía Federal; publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2010 y el 15 de febrero de 2011, respectivamente, es evidente que continúan en vigor hasta en tanto la Secretaría de Gobernación expida los acuerdos que los abroguen expresamente, o bien, que por contener disposiciones total o parcialmente incompatibles con la anterior reglamentación, se entiendan tácitamente abrogados o derogados, acorde con el artículo 9o. del Código Civil Federal, lo cual no ha acontecido; de ahí que la autoridad puede justificar su competencia material y territorial en dichos acuerdos para imponer multas por infracciones de tránsito en carreteras federales. Lo anterior se complementa con la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2013, del Acuerdo 06/2013 del Comisionado General de la Policía Federal, mediante el cual se crean las coordinaciones regionales de zona de la Policía Federal con las facultades que se indican, publicado en el mencionado medio de difusión oficial el 5 de diciembre de 2013, que en su punto cuarto, fracciones XI y XXVI, reconoce a las coordinaciones estatales.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 158/2017 (10a.))

 

  • IMPEDIMENTO POR CAUSA DE RELACIÓN CONYUGAL O PARENTESCO. PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN ESE SUPUESTO (LEYES DE AMPARO ABROGADA Y VIGENTE). Los artículos 51, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 66, fracción I, de la abrogada, establecen como causa de impedimento legal de los funcionarios judiciales ahí mencionados para conocer del juicio de amparo, ser cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo grado. En consecuencia, basta la manifestación del juzgador en el sentido de ubicarse en alguno de esos supuestos, con la precisión de la persona a la que lo une el parentesco, así como razonar el tipo y grado de éste, para que el órgano revisor lo califique de legal, sin necesidad de acreditar dicha situación con algún medio de convicción, como son las actas del registro civil de matrimonio o nacimiento de las personas entre las que se da ese vínculo afectivo familiar, pues el elemento relevante para ello es la credibilidad y presunción de veracidad de que goza el funcionario judicial, además de la validez probatoria plena que tiene esa confesión expresa, conforme a los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 145/2017 (10a.))

 

  • EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 153/2017 (10a.))

 

  • COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DONDE SE RECLAMÓ LA EMISIÓN DE UN ACUERDO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, QUE NIEGA SUSPENDER DEL CARGO A UN MIEMBRO DE UN AYUNTAMIENTO POR INCUMPLIR UN LAUDO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 145/2015 (10a.), para establecer la competencia por materia de un Tribunal Colegiado de Circuito especializado para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, debe atenderse tanto a la naturaleza del acto reclamado como a la de la autoridad señalada como responsable, sin considerar la materia en la que el Juez de Distrito haya fijado su competencia. En ese sentido, el Tribunal Colegiado de Circuito especializado en Materia Administrativa es el competente para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado lo constituya un acuerdo legislativo emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, dictaminado por unanimidad por las comisiones correspondientes, que niega suspender del cargo a un miembro de un Ayuntamiento por incumplir un laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de la misma entidad, teniendo en cuenta que la naturaleza del acto reclamado es materialmente administrativa, al ser emitido en forma unilateral y discrecional, sin la intervención del gobernado, produciendo efectos directos e inmediatos, independientemente de que en el asunto también se traten cuestiones laborales.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 159/2017 (10a.))

 

  • ARRESTO ADMINISTRATIVO IMPUESTO A LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES COMO MEDIDA DISCIPLINARIA DERIVADO DE SU INASISTENCIA A LA JORNADA LABORAL. DEBE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. El arresto administrativo implica una restricción a la libertad del infractor por un periodo determinado, derivado del incumplimiento a disposiciones administrativas, al tratarse de un acto privativo que restringe la libertad de la persona afectada; por tanto, el impuesto a los elementos de las instituciones policiales como medida disciplinaria derivado únicamente de la inasistencia a su jornada laboral, debe respetar el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 144/2017 (10a.))

 

  • TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 298, INCISO B), FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado prohíbe las multas excesivas, lo que implica que debe existir una relación entre las posibilidades económicas del infractor, la gravedad de la conducta y la sanción procedente. Por su parte, el artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé la posibilidad de sancionar con multa por el equivalente de 1% hasta 3% del ingreso (acumulable) del infractor, cualquier conducta que vulnere lo previsto en la normativa de la materia (ley, reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, concesiones o autorizaciones, o demás disposiciones); es decir, conforme a ese precepto legal, tanto las conductas que produzcan una afectación grave como las que causen una menor serán sancionadas con el mismo porcentaje de multa mínima (1%), lo cual es contrario al artículo 22 de la Constitución Federal, al tratarse del rango inferior de la sanción aplicable, el cual resulta excesivo, al permitir que cualquier conducta construida a partir de la normativa sea sancionada con base en la misma proporción mínima (1% del ingreso acumulable), sin atender a la conducta en particular y a los efectos que ésta produce (frente al bien jurídico protegido), a efecto de imponer una sanción que resulte razonable y corresponda con la afectación causada.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 167/2017 (10a.))

 

  • TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 298, INCISO B), FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, RESPETA EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD, AL ESTABLECER LA REFERENCIA A LAS NORMAS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE SANCIONARSE. El precepto citado, al señalar que las infracciones a lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a las disposiciones que deriven de ella, a los reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el Capítulo II, denominado “Sanciones en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, del Título Décimo Quinto, intitulado “Régimen de Sanciones”, de la ley citada, serán sancionables con multa por el equivalente de 1% hasta el 3% de los ingresos del concesionario o autorizado, establece una cláusula abierta mediante la cual puede definirse una conducta sancionable con base en lo previsto en la propia ley, o bien, en alguna otra norma a través de una remisión o sistema de integración, con lo que atiende al principio de tipicidad, pues no deja a la discrecionalidad de la autoridad la tipificación de conductas, al requerirse invariablemente que la conducta -obligación de dar, hacer o no hacer- esté prevista expresamente en alguna norma jurídica (ley, reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, concesiones o autorizaciones o demás disposiciones que regulen la materia y que el concesionario o permisionario esté obligado a conocer), lo que permite concluir que el gobernado está en posibilidad de conocer la conducta sancionable y las sanciones a las que se hará acreedor por situarse en la hipótesis punitiva respectiva.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 168/2017 (10a.))

 

  • TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. A LAS MULTAS IMPUESTAS CON BASE EN LA LEY FEDERAL RELATIVA NO LES RESULTA APLICABLE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Conforme al artículo 299 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las multas previstas en el numeral 298 de ese ordenamiento se determinan sobre el ingreso acumulable del concesionario, autorizado o infractor, excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero, así como los gravables si éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente para los efectos del Impuesto sobre la Renta del último ejercicio fiscal en que se haya incurrido en la infracción respectiva. Si bien la ley recurre a un concepto de carácter fiscal como lo es el ingreso acumulable, no menos cierto es que se trata de un ordenamiento relativo a la materia de telecomunicaciones, ajeno a cuestiones de carácter tributario y al cual no es aplicable el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque la utilización de ese elemento del derecho fiscal sólo se entiende como un parámetro de carácter económico porque corresponde a un dato económico producto de la actividad que, en su caso, realiza el sujeto de la ley, por lo que su uso es un mero parámetro objetivo, real y regulado a través del cual se otorga seguridad jurídica en cuanto a la base sobre la cual se determinarán las sanciones aplicables. En este orden, son inoperantes los argumentos a través de los cuales se pretende demostrar que el referido precepto legal es contrario al principio de proporcionalidad tributaria por tratarse de una base para la imposición de sanciones que no atiende a la capacidad económica o contributiva real del sancionado.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 169/2017 (10a.))

 

  • RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES. Conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior; sin embargo, nada impide que el intérprete constitucional, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también practique un examen de interpretación más favorable en la propia disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada con el resto de las disposiciones del mismo texto constitucional. En efecto, no porque el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deba prevalecer, su aplicación ha de realizarse de manera indiscriminada, lejos de ello, el compromiso derivado de lo resuelto en la aludida contradicción de tesis privilegia un ejercicio hermenéutico que lleve al operador jurídico competente a que, sin vaciar de contenido la disposición restrictiva, ésta sea leída de la forma más favorable posible, como producto de una interpretación sistemática de todos sus postulados.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 169/2017 (10a.))

 

  • IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA SUJETA A PROCESO PENAL (FICHA SIGNALÉTICA). LA ORDEN DEL JUEZ DEL PROCESO PENAL PARA QUE SE RECABE, SIN QUE MEDIE PETICIÓN EXPRESA DEL MINISTERIO PÚBLICO, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IGUALDAD PROCESAL. El artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, abrogado, establece que, dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso se identificará al procesado por el sistema adoptado administrativamente. Ahora bien, la ficha de identificación que se realiza a las personas sujetas a proceso penal, una vez que se formaliza esa sujeción, obedece a finalidades registrales y administrativas que le permiten a la autoridad judicial cumplir con algunas de las atribuciones relativas a la organización de los procesos judiciales, las cuales derivan esencialmente de la necesidad de certeza y seguridad jurídica, incluso de las personas inculpadas. Por lo tanto, la ficha de identificación de la persona inculpada es una medida de carácter administrativo que facilita el cumplimiento de funciones inherentes a la tramitación del proceso penal, como evitar la confusión de la persona procesada, verificar indubitablemente su identidad para establecer o eliminar fehacientemente la reincidencia, organizar adecuadamente el proceso penal a partir del cumplimiento de ciertas diligencias, o bien servir simplemente como registro. Así, en tanto la información contenida en la ficha se relacione con funciones administrativas o registrales, es indiferente quien solicita su emisión. Esto significa que no existe avance injusto de las pretensiones punitivas del ministerio público si quien solicita su realización es la autoridad judicial, aun en ausencia de petición explícita de aquél. En consecuencia, esta actitud oficiosa no vulnera el principio de legalidad, pues el juez no excede sus facultades constitucionales o legales, ni el principio de igualdad procesal, aunado a que el juez no beneficia incorrectamente la pretensión punitiva del ministerio público.

(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 134/2017 (10a.))

 

¡Que tengan un excelente fin de semana!

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