¡VIERNES DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA!

¡VIERNES DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA!

M.F. Daniel Alejandro Magaña Urbina
CATEDRÁTICO-UMSNH

¡Buen día!
Muy bien, ya es el último viernes de este mes de noviembre del año 2017 y tengo el agrado de compartir con Ustedes la Jurisprudencia Constitucional y Administrativa que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El día de hoy, se emitieron un total de 31 jurisprudencias, de las cuales se eligen las que corresponden a la materia constitucional y administrativa. De igual manera, al ser de interés general la materia común, en este caso, también serán publicadas.

Sin más que agregar, sírvanse de la recopilación que les proporcionamos a continuación:

1) VALOR AGREGADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIONES I, INCISO G), Y II, INCISO D), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SI SE RECLAMA CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EN EL ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DERIVADO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL TRIBUTO. Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.”; la procedencia del amparo contra una norma general con motivo de su aplicación está condicionada a que el juicio constitucional proceda contra el acto en que se individualiza, de forma que si por éste resulta inviable la acción de amparo, la misma suerte debe correr el juicio respecto de la disposición. Por tanto, si se impugna en amparo el artículo 2o.-A, fracciones I, inciso g), y II, inciso d), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con motivo de su primer acto de aplicación en el acta final de visita domiciliaria emitida en el procedimiento de verificación derivado de la solicitud de devolución de saldo a favor del tributo, tomando en consideración que esa acta es un acto emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la procedencia del juicio de amparo con relación a éste, se encuentra condicionada a que se colmen las hipótesis de procedencia de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin embargo, del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, así como de diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que el acta final emitida en una visita domiciliaria no colma los supuestos de procedencia de dicha fracción, en razón de que el acto no constituye una resolución definitiva que ponga fin al procedimiento de verificación, pues aunque sea con el que concluye la actuación de los visitadores, no pone fin al procedimiento de fiscalización ni es un acto emitido en éste, que sea de imposible reparación, porque si bien conforme al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, en las actas los visitadores consignan los hechos u omisiones que hubieren conocido en la visita, dada su naturaleza instrumental y el objeto que persiguen, lo cierto es que las conclusiones asentadas en ellas no son vinculatorias ni trascienden a la esfera jurídica del gobernado, temporal o definitivamente, por lo que en todo caso, servirán para la motivación de la resolución liquidadora que llegara a dictar la autoridad legalmente competente, por lo que por sí mismas no deparan perjuicio alguno al gobernado. De ahí que el juicio de amparo intentado contra el acto de aplicación referido es improcedente y, en consecuencia, procede sobreseer en el juicio también respecto de la porción normativa reclamada.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.III.A. J/33 A (10a.))

2) SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONTRA LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y SU ÁREA METROPOLITANA, QUE ESTABLECEN, RESTRINGEN Y LIMITAN LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA. La suspensión provisional contra la aplicación de las restricciones y limitaciones contenidas en los artículos 38 a 41 y 43 a 47, fracción IV, del ordenamiento aludido, otorgada a quien cuenta con la autorización para desarrollar la actividad del transporte de carga, no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque le asiste la apariencia del buen derecho garantizado en los artículos 5o. y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los derechos a la libertad de trabajo y de tránsito, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la propia Carta Magna fija en su artículo 1o. En ese contexto, la ponderación entre esos derechos y el interés social inmerso en los preceptos impugnados que lo limitan o restringen, conforme al primer párrafo de la fracción X del artículo 107 constitucional, permite concluir que la medida cautelar privilegia un interés social mayor que es el orden público, el cual no sólo consiste en el bienestar colectivo, sino en un fin más relevante que es la armonía social, esto es, la coexistencia pacífica entre los actos de la administración y la eficacia de los derechos y las libertades de los gobernados. Además, la Ley de Amparo, en el último párrafo de su artículo 129, faculta al juzgador para conceder la suspensión si, a su juicio, con su negativa puede causarse mayor afectación al interés social; de manera que si las restricciones que imponen los preceptos impugnados a la circulación del transporte de carga repercuten en la regularidad de la actividad social y económica de la colectividad, lo adecuado es evitar el mayor perjuicio que al interés social produciría la negativa de la medida cautelar. En ese contexto, y mientras se resuelve en definitiva sobre la medida, la suspensión provisional del acto reclamado es idónea para garantizar el interés colectivo, preservar intactos los derechos cuestionados y evitar un daño irreparable en la esfera jurídica de los quejosos.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.IV.A. J/37 A (10a.))

3) SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS Y LAS CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I BIS, EN RELACIÓN CON EL 26, FRACCIONES III BIS Y III TER, DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLAMADOS CON MOTIVO DE SU SOLA VIGENCIA, PORQUE DE CONCEDERSE SE CAUSARÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Es improcedente conceder la suspensión en el juicio de amparo para que no se obligue al quejoso a exhibir la póliza de fianza regulada en los preceptos citados, porque de concederse, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo en la medida en que la sociedad está interesada en que, al constituirse un régimen de propiedad en condominio, se garantice que la edificación se ejecutará con base en los lineamientos expuestos en el proyecto respectivo; que el constructor se responsabilice de los defectos o vicios ocultos de la construcción y se cumplan las medidas impuestas en el dictamen de impacto urbano o autorización de impacto ambiental respectivo; aunado a que, en caso de existir incumplimiento por parte del constructor, el adquiriente de la vivienda pueda obtener la remuneración correspondiente, lo que redundará en beneficios colectivos como son el respeto a la salud a un medio ambiente sano, así como a una vivienda digna y adecuada.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.I.A. J/118 A (10a.))

4) REVISIÓN FISCAL. EL APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA) CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO. Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de revisión fiscal constituye un medio de defensa excepcional a favor de las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo, cuya procedencia se condiciona a que lo interponga la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica; por tanto, esa representación especialísima creada así por el legislador, es la única forma de acreditar la legitimación para interponer el recurso. Sobre esa base, el apoderado general para pleitos y cobranzas de Fonatur, Constructora, S.A. de C.V., empresa de participación estatal mayoritaria, carece de legitimación para interponer el aludido medio de defensa, en tanto que la representación de la autoridad sólo surte efectos cuando ésta ejerce actos como ente moral privado, y no como ente moral público que le compete, como son aquellos impugnados en el juicio contencioso administrativo; de ahí que si el fallo definitivo le es adverso a esa entidad paraestatal, el apoderado o mandatario no está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal por más amplio que sea el mandato relativo, pues esa facultad está reservada a la unidad encargada de su defensa jurídica.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.III.A. J/32 A (10a.))

5) PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SEGUIDO CONTRA LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. EL ACUERDO QUE ORDENA SU INICIO ES IMPUGNABLE MEDIANTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. El acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa contra los miembros de la Policía Federal dictado por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Policía Federal, seguido en términos de los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos abrogada, es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, al constituir un acto de imposible reparación conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque sobre el tema son aplicables por analogía, las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 72/2013 (10a.) y 2a./J. 49/2016 (10a.), al existir identidad en la violación al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, ya que la prohibición de reinstalarlos es absoluta, como lo dispone el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.I.A. J/116 A (10a.))

6) CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA RESOLUCIÓN EMITIDA EN SEGUNDA INSTANCIA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE ATENDER A LA FASE (PROCEDIMIENTO O DICTADO DE LA SENTENCIA) EN LA QUE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL ADVIRTIÓ LA TRANSGRESIÓN EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO EN SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Los artículos 414 y 415 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado establecen que, al resolver el recurso de apelación, es indispensable que el Tribunal de Alzada celebre una audiencia con las partes que comparezcan y que en ella emita la resolución correspondiente al recurso planteado, la cual tendrá que ser explicada; ahora bien, la audiencia se integra por dos periodos distintos para su validez jurídica: I. Debate entre los asistentes; y, II. Dictado en si de la sentencia. En esas condiciones, sí el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo directo, advierte alguna violación procesal durante la emisión de dicha sentencia podrá: a) En caso de que se hayan transgredido las formalidades que rigen el procedimiento de segunda instancia, desde la primera fase, ordenar la reposición del procedimiento a partir de ese periodo, para que la audiencia de apelación se verifique de nueva cuenta de forma íntegra en sus dos etapas; o, b) Si la autoridad responsable solamente incurrió en algún vicio en el dictado de la sentencia definitiva, ordenar la celebración de una nueva audiencia en la que dicha autoridad pronunciará y explicará la resolución que en derecho corresponda, es decir, es insuficiente la emisión de la sentencia en forma impresa, pues la resolución de segunda instancia debe ser explicada en la audiencia de apelación, con lo cual, se privilegia la “oralidad” que es considerada como el instrumento que permite actualizar y dar eficacia a los principios del debido proceso en el actual sistema penal acusatorio, a saber, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Por tanto, el tribunal de alzada para cumplir a la sentencia de amparo que concede para efectos la protección constitucional, al actualizarse alguno de los dos supuestos previamente apuntados, deberá atender en que fase el órgano de control constitucional advirtió la transgresión a la esfera jurídica del quejoso en su emisión, esto es, dependiendo estrictamente de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable deberá acatar dichos lineamientos a la luz de los principios constitucionales que rijan el tema debatido en cada fallo protector.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.II.P. J/5 P (10a.))

7) CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE IMPORTACIÓN CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL CON UN PARTICULAR. LA FALTA DE AVISO DE LA PARTE AFECTADA A LA OTRA, DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES A QUE SE SUSCITE EL CASO FORTUITO O LA CAUSA DE FUERZA MAYOR QUE MOTIVEN SU INCUMPLIMIENTO, ES CAUSA DE SU RESCISIÓN. La cláusula treinta y nueve del contrato de adquisición de importación, celebrado por la Secretaría de la Defensa Nacional con un particular dispone una causa de exclusión de responsabilidad y de imposición de penas por incumplimiento del contrato cuando esté motivado por caso fortuito o causa de fuerza mayor la cual existe siempre y cuando la parte afectada comunique a la otra de dicho acontecimiento dentro de las 72 horas siguientes a que se suscite, proporcionándole toda la información disponible, relacionada con el evento, a fin de tomar las decisiones que de común acuerdo procedan. Ahora bien, como en términos de los artículos 1851, 1852 y 1854 del Código Civil Federal, debe estarse al contenido literal de las cláusulas del contrato, sin señalar sentidos distintos o casos diferentes de aquellos sobre los que están propuestos expresamente e interpretarlas conjuntamente, ante la claridad de los términos pactados en el contrato de adquisición de importación y la inexistencia de duda sobre su intención, para que se actualice la causa de excepción establecida en la cláusula citada es preciso que se presenten los siguientes supuestos: a) la existencia del caso fortuito o la causa de fuerza mayor, y b) la comunicación por parte de la afectada a la otra dentro de las 72 horas siguientes al acontecimiento, proporcionándole toda la información disponible, relacionada con dicho evento a fin de tomar las decisiones que de común acuerdo procedan. Entonces, sí sólo se acredita el suceso pero no el aviso, se actualiza la causa de rescisión prevista en el inciso G de la cláusula treinta y cuatro del contrato, que refiere que el incumplimiento de sus cláusulas será causa de rescisión.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.I.A. J/115 A (10a.))

8) AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE SI SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES VINCULADAS CON LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES, CUANDO EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA SE RECLAMAN ACTOS ATINENTES A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y EL BUZÓN TRIBUTARIO, POR CARECER DE UNA RELACIÓN ESTRECHA. La obligación de llevar contabilidad electrónica y usar el buzón tributario forma parte de las medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de recaudación y fiscalización; en cambio, la finalidad de la incorporación del artículo 31-A al Código Fiscal de la Federación y las reglas con éste relacionadas, respecto de la información de operaciones que la autoridad considera relevantes, no tiende únicamente a facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y disminuir el tiempo en su realización, sino que tiene por objeto suplir los datos que se obtenían del dictamen formulado por contador público y mantener la vigilancia y el monitoreo en sectores estratégicos. En esas condiciones, la ampliación de la demanda de amparo es improcedente si se impugnan normas generales vinculadas con la información de operaciones relevantes, cuando en el escrito inicial de demanda se reclaman actos atinentes a las disposiciones que regulan la contabilidad electrónica y el buzón tributario, por carecer de una relación estrecha y, por ende, por no actualizarse el supuesto de la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.I.A. J/117 A (10a.))

9) PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN Y POLICÍAS FEDERALES MINISTERIALES, POR NO ACREDITARSE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESULTA INAPLICABLE ESE PRINCIPIO. El procedimiento de separación contenido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por no acreditarse los requisitos de permanencia previstos en los artículos 34, fracciones I, inciso f), y II, inciso e), así como 35, fracciones I, inciso b), y II, inciso a), ambos del ordenamiento legal referido, versa únicamente sobre el posible incumplimiento de aquellas exigencias que deben satisfacerse para seguir ejerciendo el cargo asignado y que, en términos del precepto 123, apartado B, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas de los Estados están facultadas para establecerlas con libertad de configuración; por tanto, la separación de agentes del Ministerio Público de la Federación y de la Policía Federal Ministerial deriva específicamente del marco administrativo-laboral especial que rige las relaciones entre el Estado y sus miembros, resultando inconcuso que ese procedimiento no se asemeja a uno de naturaleza administrativa sancionatoria, pues este último se caracteriza por la actuación del Estado como ente punitivo en términos de sus facultades constitucionales en un plano de supra a subordinación. En consecuencia, dentro de los procedimientos de separación de los servidores públicos mencionados, es inaplicable el principio constitucional de presunción de inocencia, en virtud de que éste sólo es exigible cuando en el procedimiento subyace el ejercicio de una facultad punitiva del Estado y no una relación de coordinación, aun cuando ésta derive de un régimen especial regulado por normas de carácter administrativo, en términos del citado artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional.
(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 162/2017 (10a.))

10) ROBO. EL ARTÍCULO 224, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÉ COMO AGRAVANTE QUE ESE DELITO SE COMETA RESPECTO DE VEHÍCULO AUTOMOTRIZ O PARTE DE ÉSTE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado, al prever que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, consagra el principio de seguridad jurídica de los procesados, en el sentido de que prohíbe la duplicidad o repetición de procesos respecto de los mismos hechos considerados delictivos. Ahora bien, el artículo 224, fracción VIII, del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, al establecer una penalidad agravada diversa a la establecida para el tipo básico de robo, cuando se cometa respecto de vehículo automotriz o parte de éste, no transgrede el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no autoriza la imposición de una doble pena al infractor. Lo anterior es así, porque no debe confundirse la calificativa de la conducta desplegada con la recalificación del delito, pues mientras la primera es la circunstancia que modifica un tipo básico para agravarlo o atenuarlo, la segunda consiste en volver a calificar la misma conducta con base en un diverso ilícito; de forma que, aun cuando el artículo 220 del propio código describe el tipo básico del delito de robo y determina la penalidad correspondiente de acuerdo a la cuantía o monto de lo robado, el artículo 224, fracción VIII, del código aludido, precisa la pena que debe imponerse cuando el robo se realice bajo determinadas circunstancias, esto es, el tipo legal básico considera la cuantía para determinar su sanción y el delito especial toma como base las circunstancias de su ejecución.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 91/2017 (10a.))

11) REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS DIRIGIDOS A IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, SI EL RECURRENTE SE LIMITA A REFERIR QUE ES INCONSTITUCIONAL, SIN EXPRESAR ARGUMENTOS LÓGICO JURÍDICOS TENDENTES A DEMOSTRARLO. Son inoperantes los agravios dirigidos a impugnar la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo aplicado en la sentencia recurrida y que trasciende al sentido de la decisión adoptada, cuando no aportan elementos ni parámetros que permitan realizar un estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas. Así, cuando el recurrente se limita a referir que un precepto de la ley citada es inconstitucional al transgredir distintos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos derechos por aquéllos reconocidos, sin expresar argumentos lógico jurídicos tendentes a precisar y demostrar la alegada inconstitucionalidad, es evidente que deviene la citada inoperancia y que, en cuanto a ello se refiere, debe desecharse el recurso de revisión intentado.
(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 154/2017 (10a.))

12) RENTA. LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN X, Y NOVENO TRANSITORIO, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA DOS MIL CATORCE, NO PERSIGUEN GRAVAR EL SERVICIO DE ENSEÑANZA. Los referidos preceptos establecen que no por el hecho de que las sociedades o asociaciones privadas presten servicios de enseñanza deben considerarse como no contribuyentes, sino que es necesario que sean consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de ahí se advierte que dichos numerales no persiguen en momento alguno que sean gravados los ingresos derivados del servicio de enseñanza de las instituciones privadas autorizadas para tal efecto, sino que el objetivo es limitar ese beneficio que implica tributar en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, gravando los recursos obtenidos por las actividades, que de forma adicional realizan dichas instituciones de enseñanza que pueden considerarse como actividades empresariales, como son: la venta de libros de texto, cuadernos, uniformes o actividades recreativas extraescolares, entre otras.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 104/2017 (10a.))

13) INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA AUTORIZADAS PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES. LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN LA EMISIÓN FORMAL DE LA “CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN” DE AQUÉLLOS NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El artículo 79, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, entre otros, las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto sea la enseñanza, siempre que sean consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos del citado ordenamiento. Conforme a ello, el numeral 82, párrafo primero, de la ley citada, establece los requisitos para que una sociedad o asociación sea considerada como una institución autorizada para recibir donativos, de lo que se advierte que fue el legislador quien estableció cuáles son las exigencias que deben cumplirse para que se tenga tal calidad y en esa medida, tributar en términos del Título II denominado “De las personas morales”, por lo que la autoridad administrativa no puede definir qué sujetos sean o no considerados como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, pues los requisitos para tal fin están establecidos en la ley citada. Consecuentemente, el elemento que determina si una institución de enseñanza tributará en el régimen de las personas morales con fines no lucrativos, no se deja en las manos de la autoridad administrativa, en tanto que es la ley la que prevé los requisitos precisos que las instituciones de enseñanza deben cumplir, de manera que impide cualquier actuación arbitraria o caprichosa de la autoridad administrativa que pudiera generar incertidumbre al gobernado. Incluso, el hecho de que sea la autoridad administrativa quien emita la “constancia de autorización para recibir donativos deducibles” no vulnera el principio de legalidad tributaria, en tanto que para acatar ese principio basta que las disposiciones formal y materialmente legislativas aplicables prevean y precisen el procedimiento o las formalidades que dicha autoridad debe seguir, con tal precisión que impidan su actuación arbitraria y generen certidumbre al gobernado sobre los aspectos que inciden en sus cargas tributarias. Por tanto, la intervención de la autoridad administrativa en la emisión formal de la “constancia de autorización para recibir donativos deducibles” no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es el legislador quien establece las exigencias a cumplir para calificar a una institución de enseñanza como una institución autorizada para recibir donativos.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 105/2017 (10a.))

14) DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN. Del derecho a la igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal y en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano, se desprende que la discriminación puede generarse no sólo por tratar a personas iguales de forma distinta, o por ofrecer igual tratamiento a quienes están en situaciones diferentes; sino que también puede ocurrir indirectamente cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral ubica a un grupo social específico en clara desventaja frente al resto. En este sentido, los elementos de la discriminación indirecta son: 1) una norma, criterio o práctica aparentemente neutral; 2) que afecta negativamente de forma desproporcionada a un grupo social; y 3) en comparación con otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar. De lo anterior se desprende que, a fin de que un alegato de discriminación indirecta pueda ser acogido, es indispensable la existencia de una situación comparable entre los grupos involucrados. Este ejercicio comparativo debe realizarse en el contexto de cada caso específico, así como acreditarse empíricamente la afectación o desventaja producida en relación con los demás. Por su parte, a fin de liberarse de responsabilidad, el actor acusado de perpetrar el acto discriminatorio debe probar que la norma no tiene sólo una justificación objetiva sino que persigue un fin necesario.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 100/2017 (10a.))

15) DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU FUENTE Y JERARQUÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. En el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en el territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos; uno de ellos, cuya importancia resulta trascendental, es la posibilidad de que el extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación consular de su país en el territorio en el que se encuentre. Así, en nuestro ordenamiento jurídico, dicho derecho está contenido en los artículos 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y 128, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), (1) de rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.”, sostuvo que en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: 1) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2) todos aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano, lo que implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. En ese sentido, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en la Constitución Federal, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, por lo que es incuestionable que el derecho de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular es un derecho fundamental vigente en nuestro país.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 93/2017 (10a.))

16) DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.”, deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 90/2017 (10a.))

17) DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS. Del artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares derivan, para el extranjero detenido en territorio mexicano, los siguientes derechos: 1) las autoridades deben informar al extranjero que ha sido detenido, o que se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país, la información de dicho derecho debe ser inmediata y no puede demorarse bajo ninguna circunstancia; 2) el extranjero tiene derecho a escoger si desea o no contactar a su respectivo consulado; 3) una vez que el extranjero decide que desea contactar a la oficina consular de su país, la autoridad debe informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención, comunicación que deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva; y, 4) la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, para que ésta le brinde a aquél una asistencia inmediata y efectiva. Ahora bien, este último punto, que representa la asistencia consular en un sentido estricto, tiene a su vez una serie de implicaciones que deben especificarse: a) la exigencia de asistencia consular en el proceso penal tiene especial proyección debido a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden afectarse; b) la asistencia consular, en cuanto derecho subjetivo, tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal, para evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero; y, c) la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural de éste. Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede concebirse como un mero requisito de forma, pues cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero suplir sus carencias, a través de los medios que el artículo 36 citado pone a su disposición, no sólo limita sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 96/2017 (10a.))

18) DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. FINALIDAD DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES EN EL DERECHO INTERNACIONAL. Una de las funciones primordiales de las delegaciones consulares es proporcionar ayuda a los connacionales que se encuentran en problemas fuera de su país. Ahora bien, el artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que contiene el derecho fundamental a la notificación, contacto y asistencia consular, es el resultado del consenso internacional de que los extranjeros se enfrentan a desventajas singulares al ser detenidos por una autoridad y sometidos a un proceso penal bajo las normas de un ordenamiento jurídico que les resulta extraño. Así, el derecho aludido representa el punto de encuentro entre dos preocupaciones básicas del derecho internacional: 1) afianzar el papel de las oficinas consulares como representantes de la soberanía de su país de origen; y, 2) la creciente preocupación de la comunidad internacional por el respeto a los derechos humanos, siendo particularmente relevante la tutela judicial efectiva de aquellos derechos que conforman las garantías del debido proceso. En ese sentido, la importancia de este derecho fundamental ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la Opinión Consultiva OC-16/99, intitulada “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, en la que se estableció que el derecho a la asistencia consular es parte del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo, por lo que debe reconocerse y considerarse en el marco de las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo. Asimismo, la Corte Internacional de Justicia, en el Caso Avena y otros nacionales mexicanos (México Vs. Estados Unidos de América), reconoció que el artículo 36 referido consagra un verdadero derecho fundamental para los individuos detenidos en el extranjero y que los Estados deben propiciar todas las medidas posibles que otorgue su ordenamiento jurídico para reparar a los extranjeros las violaciones a este derecho.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 94/2017 (10a.))

19) DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. ACCIONES BÁSICAS QUE IMPLICAN SU INTERVENCIÓN. El derecho fundamental citado, contenido en el artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, puede asumir diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. No obstante, su intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas, a saber: 1) de carácter humanitario, pues los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a sus familiares o a las personas de su confianza y se aseguran de que se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad, 2) de protección, ya que la presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos contra los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verán sometidos; y, 3) la relativa a una asistencia técnico-jurídica, en virtud de que la asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos. Esto es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta. Así, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 95/2017 (10a.))

20) DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.”, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.))

21) AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA INSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA PARA RESTRINGIRLO. La autonomía universitaria es una garantía institucional del derecho a la educación superior, es decir, tiene un carácter exclusivamente instrumental y no conforma, per se, un fin en sí misma, por lo que es valiosa si y sólo si -y en la medida en que- maximiza el derecho humano a la educación superior. En este sentido, no debe confundirse la autonomía universitaria, en cuanto garantía institucional que se predica de una persona jurídica de derecho público -la universidad autónoma-, con los derechos fundamentales de las personas físicas que la integran: el derecho a la educación superior y sus distintos haces normativos, como el derecho a la libre investigación y discusión de las ideas, el derecho a la libertad de cátedra, entre otros. Esto es, el hecho de que la autonomía universitaria tenga una relación instrumental con la maximización de derechos individuales, no implica que ésta sea a su vez un derecho humano de una persona jurídico-colectiva que deba ponderarse con los derechos humanos de sus miembros. La autonomía universitaria, en definitiva, está subordinada a la maximización del derecho a la educación, por lo que, por regla general, el ejercicio legítimo de aquélla no puede incluir la restricción de aspecto alguno del derecho a la educación.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 119/2017 (10a.))

22) AGUAS NACIONALES. LOS ARTÍCULOS 222, 223 Y 231 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS QUE PREVÉN LO RELATIVO AL DERECHO POR SU USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO, RESPETAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, el principio de proporcionalidad tributaria debe atender, por un lado, al grado de aprovechamiento obtenido por los usuarios de esos bienes, el cual debe medirse según unidades de consumo o utilización y, por otro, con el propósito de lograr una mayor protección y conservación de esos bienes. Con estos parámetros, los artículos 222, 223 y 231 de la Ley Federal de Derechos que prevén lo relativo al derecho por uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, respetan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que, en una primera vertiente, se toma como base una unidad de consumo vinculada directamente con el grado de aprovechamiento del bien del dominio público, como son los metros cúbicos de agua utilizados; referente adecuado, en tanto que la configuración del agua permite su medición a través de este parámetro que determina el volumen de un cuerpo físico, al cual se le aplica una cuota que se configura a través de una segunda vertiente (consistente en el establecer zonas de disponibilidad), para clasificar cada fuente hidrológica de donde se extrae el agua conforme a su abundancia o escasez. Asimismo, el establecimiento de distintas cuotas -que no son consecutivas-, dependiendo de la zona de disponibilidad del recurso, también respeta dicho principio, debido a que a la par del consumo del agua, se valoran su mayor o menor disponibilidad en su reparación o reconstrucción, si se produce un deterioro. Esta relación busca generar un mejoramiento en la disponibilidad de agua y crear condiciones favorables en la fuente hídrica, lo que demuestra que esta configuración cumple su objeto al establecer cuotas mayores en zonas donde existe un deterioro en la fuente hídrica, pues esto contribuye a la preservación y restauración del medio ambiente y del recurso natural, al propiciar su uso eficiente y, sobre todo, a que en el momento en que dichas condiciones mejoren, el pago del derecho también se afecte en beneficio del contribuyente.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 113/2017 (10a.))

23) AGUAS NACIONALES. LA REMISIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 231 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-CNA-2000, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El precepto citado determina la base del derecho por uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales a través de dos fórmulas: una para aguas superficiales y otra para subterráneas; lo anterior, a fin de identificar en cuál de las cuatro zonas de disponibilidad posibles se ubica la cuenca o el acuífero del que se extrae el recurso hídrico. Ahora bien, en ambos supuestos, el legislador estableció que para calcular las variables que integran las fórmulas, deben atenderse las especificaciones y los métodos previstos en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, señalando que en caso de que ésta llegase a modificarse, para efectos del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, se mantendría su aplicación; de ahí que dicho precepto, al remitir a la Norma Oficial mencionada no viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no constituye una cláusula habilitante para que la autoridad administrativa determine lo conducente, sino que es una incorporación de lo previsto en la Norma Oficial citada al texto legal. Así, con independencia de la derogación o modificación de la Norma Oficial señalada, los elementos están dentro de la ley, sin que tengan un carácter variable ni se dejen al arbitrio de la autoridad administrativa, pues la manera en que se ingresaron los preserva como parte de la labor legislativa. Es decir, el contenido lo estableció y determinó el legislador cuando lo integró expresa e invariablemente, mediante el uso del principio de economía legislativa, para que, en vez de transcribir la parte relativa, dichos elementos se preservaran a través de esta remisión, separándolos de su naturaleza administrativa y tornándolos inamovibles mediante este reconocimiento que formó parte del proceso legislativo.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 110/2017 (10a.))

24) AGUAS NACIONALES. LA DETERMINACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DE LOS VALORES UTILIZADOS PARA CALCULAR EL DERECHO POR SU USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El principio de reserva de ley en materia tributaria es de carácter relativo con respecto a los elementos cuantitativos de las contribuciones, cuando constituyan un complemento indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria. De esta manera, el legislador cumplió con el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer en los artículos 222, 223, 226 y 231 de la Ley Federal de Derechos, no sólo aquellos aspectos exclusivos de la norma con rango de ley, sino incluso plasmó y otorgó invariabilidad e incorporó al procedimiento legislativo las variables de las fórmulas, y aun cuando la aplicación de las especificaciones y los mecanismos para obtener algunas de esas variables debe hacerse conforme a determinaciones de la autoridad administrativa, esto no implica una violación al principio constitucional mencionado, pues éste se colma en la medida en que los elementos esenciales o básicos están plasmados en la ley, en razón de que la remisión sólo constituye un complemento de la regulación legal, indispensable por motivos técnicos. Esto se justifica más aún si se toma en consideración que para determinar la base del tributo debe cuantificarse la disponibilidad del agua en cada cuenca hidrológica o acuífero, lo cual constituye un hecho notorio que se encuentra en función de variables hidroclimáticas y geohidrológicas naturales y depende de fenómenos aleatorios atmosféricos no sujetos a la voluntad del hombre ni a ninguna previsibilidad, por lo que el legislador carece de los elementos técnicos y especializados que le permitan determinar la abundancia o escasez del recurso vital y analizarlos periódicamente, correspondiendo tales funciones a la Comisión Nacional del Agua, quien es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, con inclusión de la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico; por ende, puede identificar, llevar a cabo y determinar periódicamente los valores y factores, con las condiciones señaladas en la ley.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 111/2017 (10a.))

25) AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO 231 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, AL PREVER QUE PARA CALCULAR EL DERECHO POR SU USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO SE UTILICEN LAS FÓRMULAS ESTABLECIDAS ATENDIENDO A LOS VALORES QUE PUBLICA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El precepto citado, al disponer que el derecho de uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales debe calcularse utilizando las fórmulas establecidas, atendiendo a los valores que publicará anualmente la Comisión Nacional del Agua en el Diario Oficial de la Federación, no viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues las disposiciones formal y materialmente legislativas aplicables prevén y precisan el procedimiento que debe seguirse; sin que lo anterior se extienda a los mecanismos por los cuales la autoridad técnica mide componentes fácticos del fenómeno hídrico, pues si bien se dejó al órgano técnico la obtención de ciertos valores que revelan el aspecto del fenómeno a determinar, lo cierto es que, ello no implica dejarlo al arbitrio de la autoridad administrativa. Se afirma lo anterior, debido a que la actividad técnica de la autoridad se limitará a levantar de la realidad fáctica el factor respectivo, el cual debe obtenerse conforme a los mecanismos idóneos que permitan conocerlo fehacientemente, lo que implica acudir a lo que en un momento dado revela la realidad del fenómeno, por lo que en esa hipótesis no queda al arbitrio de órganos ajenos al Poder Legislativo la determinación de los elementos que trascienden en términos generales al monto de las cargas tributarias de los gobernados, pues será la realidad que pretende valorarse, y no la voluntad de las autoridades administrativas, la que determine la afectación patrimonial que una contribución representa para los gobernados.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 112/2017 (10a.))

26) AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS QUE PREVÉ LA DIFERENCIA EN RAZÓN DEL USO O DESTINO DE DICHO RECURSO NATURAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la diferencia de trato en virtud del uso o destino que se dé a las aguas nacionales no es caprichosa o artificial, pues atiende al hecho notorio de que el líquido es esencial y está involucrado en todas las actividades de la vida. En este contexto, es válido que el legislador, además de atender al volumen de extracción y la zona de disponibilidad, pueda considerar el uso o destino que se dará al recurso natural; por lo anterior, el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, al establecer en sus apartados cuotas distintas en relación con los diferentes usos que pueden darse al agua, no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el apartado A del citado precepto legal, que se identifica con el uso del agua para la industria y el comercio, se relaciona con los procesos productivos del país, uso particular que atiende a una utilización comercial del citado bien del dominio de la Nación. El apartado B, prevé el uso de agua potable, generación hidroeléctrica, acuacultura, balnearios y centros recreativos y uso agropecuario. Así, el agua potable constituye un bien básico, escaso y necesario para la vida y la salud de las personas, por lo cual ha sido considerada como patrimonio natural común de la humanidad, como prerrequisito para el cumplimiento de los derechos humanos e incluso, dada su necesidad básica, como un derecho fundamental (artículo 4o. de la Constitución Federal). En relación con la generación hidroeléctrica, ésta consiste en la producción de energía eléctrica a partir de la fuerza del agua, mediante mecanismos generadores como lo son las centrales hidroeléctricas, las cuales utilizan la energía potencial como fuente primera para generar electricidad; para llevar a cabo lo anterior, se necesita el embalsamiento de agua en grandes cantidades y con grandes desniveles, por encajamiento de ríos. La generación de este tipo de energía constituye una actividad humana básica, ya que está directamente relacionada con los requerimientos actuales del hombre. Por lo que se refiere a la acuacultura, ésta es la técnica de cultivo de especies acuáticas vegetales y animales en medios naturales y artificiales manejados por el hombre; su importancia radica en contribuir a la producción de esos organismos para el consumo, cubriendo necesidades de alimentación y evitando a la vez, la extinción de los recursos de especies acuáticas naturales. En cuanto a balnearios y centros recreativos, al ser lugares propios para el esparcimiento y la práctica del deporte, contribuyen al desarrollo de la juventud y a la salud de las personas en general. Por último, el apartado C dispone el pago de cuotas por agua destinada a uso agropecuario; se refiere tanto a las actividades agrícolas, como a las ganaderas, que son estratégicas y prioritarias para el desarrollo de la Nación, en virtud de que, además de ofrecer alimentos para consumo nacional e internacional y de proveer de materias primas a la industria, gran parte de la población vive de esta actividad.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 116/2017 (10a.))

27) AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, AL ESTABLECER LA DISTINCIÓN DE CUOTAS BASADA EN LA FUENTE DE EXTRACCIÓN, PARA EL CÁLCULO DEL DERECHO POR SU USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, al incorporar en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, la distinción de cuotas basada en la fuente de extracción no vulnera el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para sustentar la distinción de trato, se consideró que debían existir distintas cuotas, tomando en cuenta la fuente de extracción, pues era diferente la manera en que se nutre cada una de ellas: precipitación en las superficiales e infiltración para las subterráneas; en este sentido, el desplazamiento del agua subterránea es más lento, conserva una mayor calidad por el proceso de infiltración y no se sujeta a las condiciones de las cuencas como el escurrimiento natural, evaporación o contaminación por el contacto directo con el medio ambiente y el ser humano. Las anteriores razones continúan vigentes para justificar la diferencia de trato, al ser un parámetro válido que, incluso, es utilizado para distinguir el tipo de concesiones otorgadas para el uso, aprovechamiento y explotación del agua, máxime que es un hecho notorio la manera en que se incorpora el líquido a cada uno de esos cuerpos hídricos.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 114/2017 (10a.))

28) AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, AL ESTABLECER DISTINTAS CUOTAS BASADAS EN ZONAS DE DISPONIBILIDAD PARA CALCULAR EL DERECHO POR SU USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Si bien el objeto del derecho previsto en los artículos 222, 223 y 231 de la Ley Federal de Derechos es el uso, explotación o aprovechamiento del agua; como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 82/97, de rubro: “AGUAS NACIONALES. EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE AQUÉLLAS, RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 1996).”, es válido que el legislador establezca distinciones de cuotas para el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales a través de zonas de disponibilidad y el lugar donde se efectúe su extracción, ya que dicho tratamiento se justifica, objetivamente, por ser un hecho notorio que en algunos lugares existe abundancia de dicho recurso natural, mientras que en otros escasea; que en unos es de fácil obtención, y en otros se requiere de grandes inversiones para utilizarla; y que en determinadas regiones su uso no produce daño alguno, en tanto que en otras se dan consecuencias perjudiciales a corto o largo plazo. Por lo anterior, el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos no vulnera el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer distintas cuotas tomando como base la zona de disponibilidad, pues la abundancia o escasez real del recurso, en la zona de donde se obtiene, es un elemento que puede utilizarse para la configuración de este tributo.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 115/2017 (10a.))

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