¡VIERNES DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA!

¡VIERNES DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA!

M.F. Daniel Alejandro Magaña Urbina

CATEDRÁTICO-UMSNH

 

¡Buen día!

Como es de costumbre, tengo el agrado de compartir con Ustedes la Jurisprudencia Constitucional y Administrativa que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día viernes 17, se emitieron un total de 16 jurisprudencias, de las cuales se eligen las que corresponden a la materia constitucional y administrativa. De igual manera, al ser de interés general la materia común, en este caso, también serán publicadas.

Sin más que agregar, sírvanse de la recopilación que les proporcionamos a continuación:

 

  • SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. PARA RESOLVER SOBRE SU OTORGAMIENTO CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, ES INDISPENSABLE VERIFICAR LA LEGISLACIÓN CON LA QUE SE INICIÓ EL ASUNTO DEL QUE EMANA EL ACTO RECLAMADO, PUES ESA CIRCUNSTANCIA ES LA QUE DETERMINARÁ SI ES LA LEY DE AMPARO VIGENTE O LA ABROGADA LA QUE SE OBSERVARÁ EN SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un cuerpo normativo coherente y homogéneo, razón por la cual, no existe contradicción entre los preceptos que la conforman, lo que incluye a los transitorios, porque éstos complementan la aplicación y vigencia de toda esa Ley Suprema; esto es, determinan excepciones o restricciones tanto en la aplicación de sus disposiciones, como en la de las que derivan de ella. En este contexto, aun cuando la Ley de Amparo fue reformada el 17 de junio de 2016 y se derogó su artículo décimo transitorio que disponía que en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la suspensión en materia penal se regiría conforme a la Ley de Amparo abrogada; esto no implica que lo dispuesto en el artículo 19 constitucional vigente, pueda aplicarse a aquellos casos que se iniciaron con el anterior sistema de justicia penal, porque se pasaría por alto el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que establece que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, previsto entre otros arábigos, en el indicado artículo 19 de la Constitución Federal, concluirán su trámite conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que fueron iniciados. Luego, si un procedimiento penal se inició con el sistema tradicional, no obstante que haya entrado en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, ese caso debe analizarse conforme a la normativa que le dio origen, sin mezclarse ambos sistemas, toda vez que esto generaría incertidumbre e inseguridad jurídica en los gobernados. En consecuencia, para resolver sobre el otorgamiento de la suspensión, en lo referente a la materia penal, es indispensable verificar la legislación con la que se inició el asunto del que emana el acto reclamado, pues esa circunstancia es la que determinará si es la Ley de Amparo en vigor o la abrogada la que se observará en su trámite y resolución.

(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: I.10o.P. J/1 (10a.))

 

  • NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPECTO DEL ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDIERON LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES DETERMINADAS INEXISTENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRETENDE DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS EFECTOS FISCALES QUE DIO A AQUÉLLOS. Conforme al artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades administrativas deben resolver las instancias o peticiones que se les formulen y hacer del conocimiento del interesado la resolución correspondiente en un plazo de tres meses. A su vez, en la jurisprudencia 2a./J. 26/95, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la negativa ficta es el sentido de la respuesta que la ley presume recayó a una petición, instancia o recurso formulado por escrito por un particular, cuando la autoridad competente omite resolverlo en el plazo legal señalado, cuyo objeto es evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio de aquélla, a fin de que se rompa la situación de indefinición derivada de la abstención. Por su parte, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación prevé, en su primer párrafo, que las autoridades presumirán inexistentes las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan aquéllos, o bien, que dichos causantes no se encuentren localizados y, en su quinto párrafo, establece el derecho de quienes recibieron esos comprobantes y les dieron algún efecto fiscal, de acreditar ante la autoridad que emitió la declaración de inexistencia, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que dichos documentos amparan. Por tanto, el silencio de la autoridad respecto del escrito con el que el contribuyente a favor de quien se expidieron los comprobantes que amparan las operaciones determinadas inexistentes con motivo del procedimiento contenido en este último precepto, pretende desvirtuar esa resolución, no actualiza una negativa ficta, si no precisa los efectos fiscales que dio a aquéllos, pues no se trata de una solicitud sobre una situación real y concreta, que es lo que realmente puede tener como resultado una respuesta negativa ficta respecto del fondo de su pretensión, para evitar que quede indefinida su situación ante el fisco.

(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: XXI.2o.P.A. J/8 (10a.))

 

  • MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. En la ejecutoria dictada al resolver el amparo directo en revisión 2401/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, entre otras cosas, que para calcular el monto de la indemnización para los miembros de las instituciones policiales despedidos injustificadamente, debe aplicarse analógicamente la fracción XXII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, ello no significa que tengan derecho al pago de la prima de antigüedad contenida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, cuando la autoridad jurisdiccional resuelve que fue injustificada su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, porque esa prestación se encuentra dentro del ámbito laboral, inaplicable a la relación entre los miembros de instituciones policiales y el Estado. Lo mismo sucede cuando se reclama el pago de esa prestación, prevista en el artículo 63 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, al constituir una prerrogativa inmersa en el campo del derecho laboral burocrático, aunado a que no puede vincularse con las medidas de protección al salario a que se refiere el artículo 8 del ordenamiento local citado.

(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: XVI.1o.A. J/40 (10a.))

 

  • MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL PAGO DEL CONCEPTO “FONDO DE AHORRO”, DERIVADO DE SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA, DEBE ABARCAR TODO EL TIEMPO QUE DURÓ SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO Y HASTA QUE SE CUMPLA LA SENTENCIA QUE CONTENGA LA CONDENA CORRESPONDIENTE [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 18/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.), consultable en la página 635 del Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS.”, determinó que cuando los servidores públicos aludidos son removidos de su cargo, tienen derecho a que el Estado los resarza con el pago de las prestaciones que percibían desde el momento en que se concretó la terminación de su relación administrativa con aquél y hasta que se realice el pago de la indemnización correspondiente, que comprende la remuneración diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, ahorros o cualquier otro concepto que percibían por la prestación de sus servicios. El criterio anterior es aplicable al pago del concepto “fondo de ahorro”, porque de no haber sido por el cese ilegal, el servidor lo hubiese seguido generando; de ahí que el pago de esta prestación derivado de la separación, cese, remoción o baja injustificada del miembro de una institución policial, debe abarcar todo el tiempo que duró su relación administrativa con el Estado y hasta que se cumpla la sentencia que contenga la condena relativa, porque es la única forma de resarcirlo, es decir, brindarle aquello de lo que fue privado con motivo de su separación del servicio.

(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: XVI.1o.A. J/41 (10a.))

 

  • CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS RESPECTO DE LAS CUALES LA CITADA EJECUTORIA CONFIRIÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, Y/O A LAS OMISIONES DEL PRIMER FALLO [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA II.1o.T. J/5 (10a.) Y DE LA TESIS II.1o.T.6 K (10a.)]. Cuando se promueve un juicio de amparo directo contra un ulterior laudo o sentencia que se dicta en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, sólo resultan operantes los conceptos de violación dirigidos a impugnar las cuestiones que la responsable: 1) resolvió directamente en ejercicio de la libre jurisdicción que le fuera conferida o en vía de consecuencia de ese ejercicio; y/o 2) dejó de resolver en perjuicio del quejoso y que debió fallar en ejercicio de esa plenitud de jurisdicción; y/o 3) las omisiones cometidas por la autoridad responsable desde el primer fallo, que le perjudicaron al quejoso hasta la emisión de la resolución que constituya el acto reclamado. Erigiéndose lo anterior, en una condición necesaria para ser analizables; y, por exclusión, los argumentos ajenos a estos temas son inoperantes por inatendibles, ya que inexorablemente quedarían comprendidos: a) en el cumplimiento cabal y vinculante de esa ejecutoria, o en la reiteración de las mismas consideraciones: por haber sido infundados los conceptos de violación enderezados en su contra (cosa juzgada); o, b) en el ser reiterados, por no haber sido materia de la litis constitucional; o, c) en el exceso o el defecto de ese cumplimiento; o, d) en la indebida repetición del acto reclamado; o bien, e) habría precluido su derecho para hacerlos valer, porque a pesar de no haberse reflejado en el primer laudo o sentencia la violación procesal y/o algún punto decisorio que pudiera perjudicarle, debió haberlas combatido, en amparo adhesivo en contra de aquél. Así, los conceptos de violación ajenos a esos tópicos, que impugnan la legalidad de lo fallado son inoperantes, por no ser materia del nuevo juicio de amparo, enderezado contra la ulterior sentencia o laudo dictado con motivo de la ejecutoria de amparo anterior; por lo anterior, este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la jurisprudencia II.1o.T. J/5 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de junio de 2016 a las 10:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo IV, junio de 2016, página 2547, con el título y subtítulo: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS RESPECTO DE LAS CUALES LA CITADA EJECUTORIA CONFIRIÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN.”, y en la tesis II.1o.T.6 K (10a.), publicada en el mismo medio de difusión del viernes 2 de octubre de 2015 a las 11:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, página 3819, con el título y subtítulo: “AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA SENTENCIA O LAUDO RESPECTO DEL CUAL NO ES POSIBLE FORMULAR CONCEPTO DE VIOLACIÓN ALGUNO, AL HABERSE DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO.”

(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: II.1o.T. J/7 (10a.))

 

  • SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE DECLARA PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN PROCESAL DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA, QUE DEJA A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS EJERCITE EN LA VÍA Y FORMA QUE CORRESPONDAN. Con la concesión de la suspensión del acto reclamado se conserva la materia del juicio, atendiendo a las exigencias de la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión; sin embargo, para ello, el órgano jurisdiccional debe atender, entre otros aspectos, a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, es improcedente conceder la suspensión contra la interlocutoria que en forma definitiva declara procedente la excepción procesal de incompetencia por declinatoria, con la consecuente reserva de derechos del actor, ya que simplemente declara la incompetencia del Juez para conocer del asunto; no requiere de ejecución, pues no prescribe o manda una conducta determinada, ni requiere la nulidad expresa de lo actuado por él, además de que opera de pleno derecho, al ser una consecuencia expresa de la ley; y es sabido que la suspensión no procede contra actos declarativos. Por otra parte, la devolución de los documentos anexados con la demanda tampoco implica en sí misma una situación de la que puedan derivarse actos de ejecución que hagan procedente la medida cautelar, ya que no hay nada que ejecutar como consecuencia de esa declaración, al no ser imperativa la materialidad sobre la entrega de esos documentos, pues en todo caso dependerá de la solicitud del actor, lo que tampoco incide en la declaración de incompetencia reclamada, al tratarse de un acto declarativo y consumado.

(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.IV.C. J/6 K (10a.))

 

  • SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE NEGARSE AL QUEJOSO POR FALTA DE INTERÉS PRESUNTIVO SI, EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO, SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO DE ORIGEN RECLAMANDO EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE, SIN TENER SU POSESIÓN MATERIAL, AL HABERLA CEDIDO A OTRA PERSONA A TRAVÉS DE UN ACTO JURÍDICO DIVERSO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 128, FRACCIÓN I, Y 131 DE LA LEY DE AMPARO). Acorde con el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual, deberá tomarse en cuenta “la naturaleza de la violación alegada”; por su parte, el diverso 128 de la Ley de Amparo fija como requisitos para la procedencia de la suspensión que no sea de oficio, que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, para lo cual, el juzgador debe partir de la base de que el artículo 131, segundo párrafo, de la ley citada señala que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Ahora bien, cuando se esté frente a actos tendientes a privar de la posesión, el quejoso tiene la carga de ofrecer elementos de prueba suficientes para establecer en forma indiciaria o presuntiva que es titular de un derecho posesorio sustentado en un título que eventualmente puede ser afectado con la ejecución; de ahí que si en la demanda de amparo manifiesta hipotéticamente bajo protesta de decir verdad que cedió la posesión material de un inmueble a un tercero, a través de un acto jurídico, como pudiera ser un contrato de comodato, es indiscutible que dicho acto genera derechos y obligaciones con relación al bien, pues por medio del pacto uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente, conforme al artículo 2391 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Por ello, el juzgador debe negar la medida cautelar solicitada por el quejoso que se ostenta como tercero extraño al juicio de origen en dicho supuesto, dada la falta de interés presuntivo, al haber cedido la posesión material del inmueble a una persona diversa, con base en la figura jurídica referida, pues resulta indudable que no podría beneficiarse con la suspensión para que no se ejecute una orden de lanzamiento, al no ser quien goza de la tenencia material del predio, en tanto que la suspensión no puede constituir derechos que no tenía antes de solicitarla.

(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.IV.C. J/8 C (10a.))

 

  • SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. CONTRA LA DESTITUCIÓN DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE PATRÓN, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY RELATIVA, PORQUE CON ELLO NO SE AFECTA EL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. El artículo 138 de la Ley de Amparo impone al juzgador, con la finalidad de verificar si es factible o no conceder la suspensión del acto reclamado, la obligación de llevar a cabo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, cuando la naturaleza del acto lo permita. Pues bien, el análisis referido arroja como resultado la factibilidad de suspender la ejecución de la sanción prevista en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, consistente en la destitución del funcionario público que, en su carácter de patrón, ha sido omiso en cumplir un laudo, ya que con ello no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque la concesión de la medida cautelar no impide que el laudo se ejecute y, por el contrario, de materializarse la destitución de que se trata, se causarían daños de difícil reparación al funcionario público sancionado, dada la imposibilidad de retrotraer el tiempo que permanezca separado de su encargo, aun si se le concede la protección constitucional.

(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.XVIII.L. J/4 L (10a.))

 

  • PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESAPRUEBA. De la interpretación jurídica de la preceptiva constitucional y legal aplicable, se obtiene que la hipótesis normativa del artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto en los procedimientos de remate, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, es una norma específica sólo aplicable, ordinariamente, a los procedimientos que culminan realmente con la subasta de bienes inmuebles embargados, que sea aprobada, pues esto es el presupuesto sine qua non para que se pueda ordenar la entrega y/o escrituración, pero no comprende los casos en que el procedimiento termina en forma distinta, como ocurre con el auto que desaprueba el remate, de modo que a ésta le resulta aplicable la regla que antecede en el precepto, relativa a la procedencia del amparo indirecto simplemente contra la última resolución del procedimiento respectivo, que será la que deba ocuparse del objeto sustancial del procedimiento de que se trate, con apoyo en el material recabado durante su sustanciación, independientemente de que sea estimatoria o desestimatoria, y sin necesidad de esperar una resolución final que se ocupe de la terminación de todo el proceso de ejecución y sus procedimientos. Este criterio encuentra apoyo, en primer lugar, en la interpretación de las bases constitucionales hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, años después de la entrada en vigor de la Ley Fundamental de 1917, en donde reconoció como última resolución de un procedimiento de remate la que lo desaprueba, ya que esta resultante interpretativa no quedó afectada con la reforma constitucional de 2011, ni con la Ley de Amparo de 2013, por lo que debe considerarse en vigor. En segundo lugar, porque la resolución que desaprueba el remate pone término, indiscutiblemente, al procedimiento concreto en el que se dicta, y no tiene como efecto la mera reposición de actuaciones, porque da lugar al comienzo de uno nuevo, con la instancia del ejecutante, nueva convocatoria a postores, la publicación de ésta en otros edictos, la certificación actual de gravámenes, posibles nuevos avalúos, y finalmente distinta audiencia de remate, y en su caso, su aprobación o desaprobación; a menos que en ella se ordene clara y directamente, la reposición del procedimiento, en cuyo caso, debe analizarse si tal resolución afecta derechos sustantivos, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo.

(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.I.C. J/54 K (10a.))

 

  • JUICIO SUCESORIO AGRARIO. DADA SU CALIDAD DE UNIVERSAL Y ATRAYENTE, DEBEN ACUMULÁRSELE LOS DEMÁS JUICIOS QUE INCIDAN EN LA MASA HEREDITARIA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 72 Y 75 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA. El segundo párrafo del artículo 192 de la Ley Agraria dispone que “la conexidad sólo procede cuando se trate de juicios que se sigan ante el mismo tribunal y se resolverá luego que se promueva, sin necesidad de audiencia especial ni otra actuación.”, lo cual significa que esta figura procesal está prevista única y exclusivamente para aquellos juicios instaurados ante el mismo órgano jurisdiccional, a fin de que mediante un trámite sumario se decrete su conexidad por virtud de la cual se seguirán por cuerda separada, y con la única peculiaridad de que se resolverán simultáneamente en tantas sentencias como juicios conexos hubiera, es decir, sin necesidad de que se acumulen en una sola pieza de autos y se decidan en un único fallo. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 24/2010, de rubro: “JUICIOS CONEXOS EN LOS PROCEDIMIENTOS AGRARIOS. DEBEN TRAMITARSE CONFORME A LAS NORMAS RELATIVAS DE LA LEY AGRARIA.”, sostuvo que, en virtud de la claridad con que la Ley Agraria regula el trámite de los juicios conexos, no hay necesidad de acudir a la diversa figura jurídica de la acumulación prevista en los artículos 72 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que en este aspecto dichos preceptos no resultan supletorios de la legislación agraria. No obstante lo anterior, esta regla general debe complementarse con un supuesto de excepción, para señalar que la supletoriedad sí opera cuando junto con un juicio sucesorio agrario se ventilan otras acciones que inciden en el acervo hereditario, toda vez que, por un lado, no necesariamente todos los juicios conexos pueden encontrarse radicados en el mismo órgano jurisdiccional en el que se ventile la sucesión, y esa razón impediría resolverlos simultáneamente con el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias y, por otro lado, porque la naturaleza universal del juicio sucesorio, cuya finalidad genérica es liquidar el patrimonio de una persona y adjudicarlo a otra, le proporciona el carácter de atrayente para que todas las demás acciones que puedan incidir en el acervo hereditario se le acumulen, si es que su estado procesal lo permite, es decir, si todavía no se deciden en lo principal. Lo anterior con el objeto de que todas las acciones se definan en una sola sentencia que permita adjudicar los bienes una vez que se ha saneado la variedad de controversias suscitadas en torno a ellos, o bien respecto de los derechos y demás obligaciones del autor de la herencia que no se extinguieron con su muerte.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 148/2017 (10a.))

 

  • ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Los preceptos citados, al establecer que la autoridad fiscal podrá emplear, como medida de apremio, el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente cuando éste, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de sus facultades de comprobación, no violan el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la imposición de esa medida se justifica, ya que es: a) Una acción constitucionalmente válida, porque ante la negativa del particular de permitir el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, resulta viable la imposición de ciertas medidas que restrinjan sus derechos en aras de salvaguardar lo previsto en las disposiciones constitucionales, como es su obligación de cumplir con el deber de contribuir con el gasto público; además, se fija un orden para su aplicación, el cual es progresivo al ir de la medida de menor afectación a la de mayor alcance o que causa mayor restricción; b) Idónea, en virtud de que resulta razonable que cuando el particular impide a la autoridad el acceso al lugar en el cual habrá de realizarse la verificación, ante su negativa el ente estatal acuda al uso y auxilio de la fuerza pública únicamente para permitir el acceso al lugar correspondiente y, de esa manera, iniciar o continuar con el ejercicio de la facultad de comprobación desplegada; y c) Proporcional, pues el aseguramiento de bienes no procede de forma automática y subsecuente a que se presenta el hecho que motiva su imposición, sino que requiere agotar previamente otras medidas de apremio tendentes al mismo fin, pero de menor afectación; de suerte que sólo si esas medidas no resultan aptas para lograr vencer la conducta del particular, la autoridad fiscal podrá asegurar provisionalmente sus bienes.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 154/2017 (10a.))

 

¡Que tengan un excelente día!

e-mail: dmagana.tax@gmail.com

Prev Nuestro “Buen Fin” se va hasta el 30 de noviembre: Tesorería de Morelia
Next Por: Marcos Castañeda Calderon