¡VIERNES DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA!

¡VIERNES DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA!

M.F. Daniel Alejandro Magaña Urbina

CATEDRÁTICO-UMSNH

 

¡Buen día!

Como es de costumbre, tengo el agrado de compartir con Ustedes todos los viernes la Jurisprudencia Constitucional y Administrativa que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El día de hoy, se emitieron un total de 24 jurisprudencias, de las cuales se eligen las que corresponden a las materias constitucional y administrativa.

Sin más que agregar, sírvanse de la recopilación que les proporcionamos a continuación:

 

  • JUICIO DE NULIDAD CONTRA UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN LOS QUE EL ACTOR DEMANDA PRESTACIONES DISTINTAS DE LAS QUE SOLICITÓ ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, AL CONSTREÑIRSE LA LITIS A LO TÁCITAMENTE NEGADO. En virtud de la figura jurídica denominada negativa ficta, el silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada por el particular, durante el plazo que indique la ley, genera la presunción de que aquélla resolvió negativamente. Así, el contenido de esa resolución se limita a lo expresamente solicitado ante la autoridad y que se entiende tácitamente negado. En estas condiciones, al impugnar dicha determinación mediante el juicio de nulidad, el análisis de legalidad se constriñe a las prestaciones originalmente pedidas. Por tanto, si el actor demanda prestaciones distintas de las que solicitó ante la autoridad administrativa, la Sala debe declarar inoperantes los conceptos de impugnación correspondientes y no reconocer el derecho subjetivo respectivo, en su caso, porque aquéllas no forman parte de la litis. Lo anterior no se opone al principio de “litis abierta” que rige el procedimiento contencioso administrativo, ya que, aun cuando puedan hacerse valer nuevos conceptos de impugnación, la materia del juicio no debe modificarse.

(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: XVI.1o.A. J/37 (10a.))

 

  • RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. LA NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS CON MOTIVO DE LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA RECLAMACIÓN EN ESA MATERIA, ES IMPUGNABLE MEDIANTE JUICIO ANTE EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. Acorde con el artículo 18 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, el procedimiento de responsabilidad patrimonial debe ajustarse a lo dispuesto en esa ley y en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por otra parte, en términos del artículo 27 del primer ordenamiento referido, los reclamos en materia de responsabilidad patrimonial del Estado o de sus Municipios serán resueltos dentro de los 30 días hábiles siguientes al en que se recibió la reclamación. En consecuencia, como de conformidad con los artículos 21, 23 y 28 de la Ley del Procedimiento Administrativo indicada, opera la negativa ficta ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por esa ley o en los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se concluye que aquélla también se configura en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, en los casos en que los reclamos en esa materia no se resuelvan dentro de los 30 días hábiles siguientes al en que se recibió la reclamación, y dicha negativa es impugnable mediante juicio ante el Pleno del Tribunal de lo Administrativo local, conforme al artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial mencionada, pues la negativa ficta debe entenderse emitida en cuanto al fondo del asunto y no únicamente respecto de aspectos de procedencia o formales, ya que su propósito es, precisamente, resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada por la falta de respuesta, además, porque de acuerdo con el artículo 23 de la Ley del Procedimiento Administrativo aludida, se entiende que resolvió lo solicitado por el particular en sentido contrario a sus pretensiones.

(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.III.A. J/29 A (10a.))

 

  • JUICIO DE NULIDAD DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA SEPARACIÓN DEFINITIVA DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA POR NO HABER APROBADO LOS EXÁMENES DE CONFIANZA, DEBE APLICARSE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ESA ENTIDAD FEDERATIVA. Conforme al artículo 29, fracción IX, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, debe analizarse la procedencia del juicio de nulidad de la competencia del Tribunal de lo Administrativo de esa entidad federativa con base no sólo en los supuestos previstos en la legislación citada, sino también en las demás hipótesis de improcedencia derivadas de alguna norma general distinta. Atento a esa regla, e interpretándola de manera armonizada con el artículo 139 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se colige que cuando se impugna la resolución que determina la separación definitiva de un elemento de seguridad pública por no haber aprobado los exámenes de confianza, para verificar la procedencia del juicio contencioso administrativo debe aplicarse los que al efecto establece esta última legislación, por así disponerlo expresamente el invocado artículo 29, fracción IX y, además, en razón de que la Ley del Sistema de Seguridad Pública referida resulta ser, por regla general, el sustento jurídico del acto administrativo, y además la que rige todo el procedimiento que debe seguirse en forma previa.

(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.III.A. J/30 A (10a.))

 

  • JUICIO DE NULIDAD DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ESA ENTIDAD FEDERATIVA, CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA SEPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA POR NO HABER APROBADO LOS EXÁMENES DE CONFIANZA. Conforme al precepto citado, que debe aplicarse en términos del artículo 29, fracción IX, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuando se reclama la resolución que determina la separación definitiva de un elemento de seguridad pública por no haber aprobado los exámenes de confianza, es improcedente el juicio en materia administrativa en los casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley.

(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.III.A. J/31 A (10a.))

 

  • CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN. Es improcedente conceder la suspensión contra los efectos y consecuencias de la aplicación del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2014, toda vez que al señalar expresamente que no serán deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos, de concederse la suspensión para que se permita a los contribuyentes seguir deduciendo esas prestaciones como lo venían haciendo antes de que entrara en vigor dicha norma, se estaría constituyendo un derecho a su favor que no tenían, lo cual sólo es propio de lo que se resuelva de fondo en el juicio de amparo.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 135/2017 (10a.))

 

  • MULTA POR NO SUMINISTRAR DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL 85, FRACCIÓN I, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO PUEDEN PROPONERSE CONCEPTOS DE NULIDAD TENDENTES A DEMOSTRAR LA ILEGALIDAD DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. Conforme al artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad hacendaria puede imponer al contribuyente, responsable solidario y a los terceros relacionados una multa cuando incurran en la infracción descrita en el diverso 85, fracción I, consistente en no suministrar los datos, informes, documentación, contabilidad o parte de ella que sean requeridos durante el ejercicio de facultades de comprobación, pues constituye una obligación formal a cargo de los contribuyentes cuyo cumplimiento no tiene como objeto lograr el pago de una contribución, sino vincularlos a desarrollar una determinada conducta diversa al pago en sí mismo. Por tanto, en el juicio contencioso administrativo federal promovido contra dicha sanción, únicamente pueden proponerse conceptos de nulidad tendentes a demostrar vicios del acto de requerimiento y de la propia resolución sancionatoria, pero no de la orden de visita que origina la facultad de comprobación ejercida para verificar el cumplimiento de la obligación tributaria de pago. Sostener lo contrario, sería tanto como obstaculizar el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria por no contar con los elementos suficientes para definir la situación fiscal de los contribuyentes, máxime que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.) (*), sostuvo que la orden de visita sólo es reclamable autónomamente mediante el juicio de amparo indirecto en los casos expresamente previstos y, de no optar por ese medio de defensa, es necesario esperar a la emisión de la resolución definitiva determinante de la situación fiscal.

(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 138/2017 (10a.))

 

A todos, les deseo un feliz fin de semana.

e-mail: dmagana.tax@gmail.com

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