¡VIERNES DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA!

¡VIERNES DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA!

M.F. Daniel Alejandro Magaña Urbina
CATEDRÁTICO-UMSNH

¡Buen día!
El día viernes 5 de este mes de enero del año 2018 fue el primer día del año en el que se emitió la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de este último período vacacional, por lo que tengo el agrado de compartir con Ustedes la Jurisprudencia Constitucional y Administrativa de este órgano encargado de la impartición de justicia.

El pasado viernes, se emitieron un total de 11 jurisprudencias, de las cuales se eligen las que corresponden a la materia constitucional y administrativa. Cabe señalar que, para estos efectos, también se integrarán para su comodidad las correspondientes a la materia común.

Sin más que agregar, sírvanse de la recopilación que les proporcionamos a continuación:

1) MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO DE GUANAJUATO. ANTE SU REMOCIÓN ILEGAL DEL CARGO, ES IMPROCEDENTE QUE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE CONDENE A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES PAGADAS POR CONCEPTO DEL SEGURO DE PROTECCIÓN MUTUA, AUN CUANDO LA AUTORIDAD DEMANDADA NO CONTROVIERTA EL RECLAMO RELATIVO. De conformidad con lo sostenido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la jurisprudencia XVI.1o.A. J/18 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de marzo de 2015 a las 9:00 horas y en la página 2263 del Libro 16, Tomo III, marzo de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y subtítulo: “MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO, TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN ‘Y DEMÁS PRESTACIONES’, SIEMPRE QUE ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY QUE LOS REGÍA.”, cuando los servidores públicos aludidos son removidos de su cargo de manera ilegal, tienen derecho a que el Estado los resarza con el pago de una indemnización y “demás prestaciones a que tengan derecho”; ese enunciado normativo debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, así como los conceptos que recibían por la prestación de sus servicios, desde el momento en que se concretó la terminación de la relación administrativa y hasta que se realice el pago de la indemnización correspondiente, siempre que se acredite que los recibían o que estaban previstos en la ley que los regía. No obstante lo anterior, cuando en el juicio contencioso administrativo se demanda el pago del seguro de protección mutua, que se otorga a los miembros de las instituciones policiales del Estado de Guanajuato, aun cuando la autoridad demandada no controvierta ese reclamo, es improcedente condenar a la devolución de las cantidades pagadas por ese concepto, dado que su naturaleza es la de un seguro y su efectividad o beneficio a favor de quien se contrató, se materializa en especie o a través de la prestación de algún servicio y, en general, se sujeta a la actualización de un siniestro o enfermedad; es decir, no se trata de un ahorro o fondo que, en su caso, deba ser reintegrado al trabajador.
(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: XVI.1o.A. J/42 (10a.))

2) IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE ACTUALIZA POR EL SOLO HECHO DE QUE EL JUZGADOR QUE CONOZCA DEL JUICIO TENGA PARENTESCO CONSANGUÍNEO, EN CUALQUIERA DE LOS GRADOS AHÍ ENUNCIADOS, CON ALGUNA DE LAS PARTES, COMO LO ES EL TITULAR DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE [SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.XXV. J/5 K (10a.)]. El dispositivo citado establece, como causa de impedimento para conocer del juicio de amparo, la existencia de parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo, entre el juzgador que conoce del juicio de amparo y alguna de las partes, como lo es el titular de la autoridad señalada como responsable, conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, ese solo hecho genera que deba calificarse de fundado el impedimento planteado sin necesidad de verificar si existe en el operador la probabilidad de riesgo en la pérdida de imparcialidad, pues la sola relación de parentesco dentro de los grados que indica el artículo 51, fracción I, de la ley mencionada, se tomó por el legislador como excepción a la presunción de dicho atributo.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.XXV. J/6 K (10a.))

3) TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA. SI DEMANDARON SU BASIFICACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, EN EL LAUDO RESPECTIVO DEBE APLICARSE ÉSTA Y NO LA LEY DEL SERVICIO CIVIL REFORMADA VIGENTE A PARTIR DEL 9 DE MAYO DE 2014, PUES DE LO CONTRARIO, SE VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Si un trabajador del Gobierno del Estado o de los Municipios de Baja California, demandó el otorgamiento de la base en el puesto que desempeña, la autoridad laboral debe aplicar la ley en vigor al momento de la presentación de la demanda, aun cuando durante la tramitación del procedimiento respectivo se hayan modificado los requisitos para otorgar la base pues, de lo contrario, se viola el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que si la demanda se presentó durante la vigencia de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, en el laudo respectivo debe aplicarse ésta y no la vigente a partir del 9 de mayo de 2014, ya que en el momento en que se instó ante la autoridad laboral, aquella ley definía con claridad los elementos de la acción de basificación, de manera que desde el inicio del juicio el actor tenía la certeza sobre lo que debía probar para obtener un laudo favorable.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.XV. J/22 L (10a.))

4) SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO. El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual abarca a quienes se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario y, por lo mismo, en estado de vulnerabilidad, situación esta última que convierte al Estado en garante de ese derecho. Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano, entre otros casos, cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre ellos, los que implican un trato o pena cruel, inhumano o degradante; así, si se atiende a que acorde con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Vélez Loor vs Panamá, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, asistencia médica, cuyo incumplimiento puede resultar en una violación a la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se concluye que el Juez de Distrito que conozca del amparo promovido por un interno en algún centro carcelario que señale como acto reclamado la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, a partir de las manifestaciones y los elementos contenidos en su demanda, debe conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que el hecho de continuar con esa situación, implica un trato cruel e inhumano y, por ende, se actualiza un caso de excepción que torna procedente la medida suspensional, dada su gravedad, notoria urgencia e imposible restitución, que debe paralizarse inmediatamente, sin necesidad de contar con pruebas acerca de la existencia y consecuencias del acto reclamado, ya que en esos casos el nivel probatorio debe ser mínimo.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.XVI.P. J/1 P (10a.))

5) RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. SU INTERPOSICIÓN SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE OPTATIVIDAD. En términos del artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuando las leyes o reglamentos de las distintas dependencias administrativas estatales, municipales, y de sus organismos descentralizados, establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o intentar el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, la optatividad a que alude el precepto citado, debe entenderse como la posibilidad, y no como la obligación de agotar los recursos o medios de defensa, conforme a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 113/2016 (10a.), de título y subtítulo: “ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA, POR UNA SOLA VEZ, EL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.”. Por otra parte, en el Estado de Jalisco es innecesario agotar el juicio contencioso administrativo por existir una excepción al principio de definitividad, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2007 de la Segunda Sala referida, de rubro: “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.”. De ahí que la parte inconforme puede acudir directamente a interponer juicio de amparo biinstancial.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.III.A. J/34 A (10a.))

6) CONCURSO MERCANTIL. LA SENTENCIA DE APROBACIÓN DE CONVENIO QUE LO DA POR TERMINADO, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Concursos Mercantiles, el juicio de concurso mercantil consta de dos etapas, que se denominan de conciliación y de quiebra. En la primera de ellas, ante la solicitud respectiva y de declararse que la empresa se encuentra en concurso, previo el llamamiento a los acreedores, se emite una resolución conocida como reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Luego, en su caso, ante la adopción de un convenio entre el comerciante y sus acreedores reconocidos, se dictará una sentencia de aprobación de dicho convenio que da por concluido el concurso, caso contrario, de no lograrse dicha conciliación, se dicta una resolución en la que se declara en quiebra a la empresa concursada. En ese tenor, es la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos la que se constituye como definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, dado que en ella se decide sobre el fondo del concurso, es decir, sobre la protección de pago a los acreedores reconocidos. Así, en contra de la sentencia de aprobación de un convenio que da por terminado el concurso mercantil, resulta procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, previo el cumplimiento del principio de definitividad en los supuestos en que ello resulte necesario, al surgir en un momento en que ya no está en discusión la materia que constituye el fondo del concurso mercantil y, por ende, legalmente es un acto de ejecución de sentencia, en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, que, de conformidad con el artículo 262 de la Ley de Concursos Mercantiles, representa la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la medida que con ella se aprueba la manera en que se efectuará el cumplimiento de las obligaciones de pago de la concursada respecto a los acreedores reconocidos y se ordena la conclusión del concurso mercantil.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.XV. J/24 C (10a.))

7) BENEFICIO O TRATAMIENTO PRELIBERATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO NIEGA ES INNECESARIO INTERPONER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 485 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO ABROGADO, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 52 A 57 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sostenido reiteradamente que la libertad personal del gobernado no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlo de la que en ese momento disfrute (de manera directa), sino que ese perjuicio también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, que siga privado de la libertad personal o modifiquen las condiciones en que dicha privación deba ejecutarse (de manera indirecta). Luego, conforme al artículo 458 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, el sentenciado puede, siempre y cuando la propia ley se lo permita, recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en la sentencia definitiva, por lo que la resolución que decida sobre el tratamiento preliberacional, aun cuando sea distinta de la sentencia condenatoria, puede tener el efecto de mantenerlo privado de su libertad. Por ende, contra la resolución que niega el otorgamiento de algún beneficio o tratamiento preliberatorio, es innecesario interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 485 del ordenamiento mencionado, en relación con los diversos 52 a 57 del Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, pues esa resolución afecta de manera indirecta la libertad del gobernado y, por ende, se actualiza la excepción al principio de definitividad establecida en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, pues como no se distingue sobre el tipo de afectación a la libertad, es decir, directa o indirecta, el juzgador tampoco puede hacerlo.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.II.S.E. J/4 P (10a.))

8) APELACIÓN. EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE ESTABLECE LA CUANTÍA COMO REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD JURÍDICA, A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. Al señalarse en la exposición de motivos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que la finalidad perseguida por el legislador mediante la limitación del recurso de apelación, en razón de la cuantía que fija el artículo 96, fracción I, del indicado ordenamiento, consiste en evitar abusos en su ejercicio, con los cuales pueda retardarse indebidamente el procedimiento relativo, ello constituye un parámetro racional, sin que se traduzca en una limitante u obstáculo de acceso a la justicia para los particulares, pues es razonable y proporcional a los fines pretendidos por el legislador, en el sentido de observar la prontitud en la solución de los asuntos, aunado a que esa limitante no obstaculiza el derecho a la tutela judicial efectiva, pues los justiciables con la sentencia de primera instancia ya obtuvieron una respuesta judicial por un tribunal imparcial, además de que tienen expedito su derecho a interponer juicio de amparo directo contra de la resolución considerada definitiva de primera instancia, para efecto de que sea revisada su legalidad, o bien, su constitucionalidad, por un órgano jurisdiccional superior. Por tales razones, se concluye que esa justificación también es válida para establecer que la diferencia prevista por el legislador estatal para la procedencia del recurso de apelación, no es discriminatoria ni ofensiva a la dignidad humana. De ahí que el precepto legal mencionado no transgrede los derechos fundamentales a la igualdad jurídica, a la tutela judicial efectiva y a un recurso judicial efectivo, reconocidos por los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.III.A. J/35 A (10a.))

9) ACUERDO DE INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EMITIRLO. Si bien es cierto que de la interpretación de los artículos 180, 188, 189, 196, 197 y 198 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, expedido conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Seguridad Pública de la entidad, pudiera concluirse que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, actuando como órgano colegiado y el Presidente de dicha Comisión ante su secretario, se encuentran facultados indistintamente para emitir el acuerdo de inicio de los procedimientos del régimen disciplinario; también lo es que, atento al principio de reserva de ley, las facultades encomendadas en el Reglamento citado son insuficientes para estimar que el presidente de la Comisión sea una autoridad legalmente competente para emitir dicho acuerdo, tomando en consideración que el legislador ordinario otorgó esa facultad de forma exclusiva a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, en el artículo 153 de la ley referida. En ese sentido, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera es la autoridad competente para emitir el acuerdo de inicio de los Procedimientos del régimen disciplinario, aunado a que la legislación indicada, en su artículo 109, fracción II, establece que será la Comisión la autoridad encargada de resolver sobre la suspensión preventiva del miembro, al inicio del procedimiento de separación definitiva o de remoción del cargo.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.III.A. J/35 A (10a.))

10) SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE ESTABLECER EL MÉTODO DE PRUEBA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO A BORDO (SDB), COMO FACTOR PARA DETERMINAR LAS RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS. De acuerdo con el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión es necesario que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, no procede conceder la suspensión provisional contra los efectos y consecuencias de establecer el método de prueba a través del sistema de diagnóstico a bordo (SDB) como factor para determinar las restricciones a la circulación de los vehículos, ya que la adopción de dicho método obedeció a la fijación de nuevas medidas para el control y disminución de los niveles de contaminación, de manera que con éste se pretende vigilar y registrar el desempeño de los sistemas relacionados con los procesos que generan la emisión de gases. En consecuencia, de otorgarse la medida cautelar se causaría una mayor afectación a la colectividad, en comparación con el daño que se ocasionaría a los particulares al sujetarse a las restricciones de circulación vehicular, pues se impediría garantizar el derecho a un medio ambiente sano, mediante la implementación de nuevos métodos a partir de los cambios tecnológicos de la industria automotriz, pues es de interés general que el Estado establezca medidas adecuadas para lograr el control y disminución de las concentraciones de contaminantes.
(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 165/2017 (10a.))

11) SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. CUANDO EL TRABAJADOR QUEJOSO EXPRESAMENTE MANIFIESTA ESTAR CONFORME CON ALGUNA PARTE DEL LAUDO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ IMPEDIDO PARA EXAMINAR DE OFICIO EN SU INTEGRIDAD SU LEGALIDAD. En los juicios de amparo en los que el laudo reclamado contenga decisiones sobre diversas prestaciones demandadas en el juicio laboral, y el trabajador quejoso impugne únicamente algunas de las que le perjudican, y exprese su conformidad respecto de otras de la misma naturaleza, sólo en estos supuestos el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento está técnicamente impedido para analizar de oficio en su integridad la legalidad del laudo, pues conforme al principio de instancia de parte agraviada, la suplencia de la queja deficiente debe ceder, a fin de no actuar contra la propia voluntad del agraviado, por lo cual debe declararse firme la parte del laudo consentida expresa y fehacientemente.
(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 164/2017 (10a.))

¡Que tengan un excelente fin de semana!
¡FELIZ AÑO 2018!
e-mail: dmagana.tax@gmail.com

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