¡JURISPRUDENCIAS SOBRE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA!

¡JURISPRUDENCIAS SOBRE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA!

 

M.F. Daniel Alejandro Magaña Urbina

CATEDRÁTICO-UMSNH

 

¡Buen día!

Como bien saben nuestros queridos lectores, cada viernes se publican las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a ello, en ocasiones, como parte del interés propio por compartir el material de utilidad para Ustedes, resulta necesario dar un giro a las publicaciones realizadas por medio de la difusión otros temas de interés.

Esto es, para no dejar de lado esta labor de riguroso compromiso con Ustedes, por lo que, les comparto algunas jurisprudencias relevantes (comenzando por la más antigua) sobre el polémico tema de las OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, las cuales son las siguientes:

 

  • OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. ACREDITAMIENTO DEL CUERPO DEL DELITO. Para que se acredite la corporeidad del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis, párrafo primero, del Código Penal Federal, no es imprescindible que se demuestre la existencia de un tipo penal diverso, porque de conformidad con el párrafo sexto del mismo artículo, basta que no se demuestre la legal procedencia de los recursos y que existan indicios fundados de la dudosa procedencia de los mismos para colegir la ilicitud de su origen; de otra manera, la intención del legislador de reprimir tales conductas se anularía ante la necesidad de demostrar plenamente el ilícito que dio origen a esos recursos. (TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO; I.2o.P. J/13; septiembre de 2000).

 

  • OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El precepto citado, al prever que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia, no vulnera el principio de presunción de inocencia, pues la determinación de tal elemento normativo exige comprobar que la actividad de la que proceden los recursos es ilícita, para lo cual, el Ministerio Público debe aportar indicios fundados, cuya valoración permita tener certeza de que provienen o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, por lo que no debe considerarse que la frase “y no pueda acreditarse su legítima procedencia” revierta la carga de la prueba al inculpado, eximiendo al Ministerio Público de la obligación que tiene en términos de los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la hipótesis en él contenida sólo constituye una presunción iuris tantum, al admitir prueba en contrario; es decir, este señalamiento no obliga al inculpado a demostrar la licitud de la procedencia de los recursos, toda vez que ello constituye el reconocimiento del derecho de defensa que le asiste. Consecuentemente, el artículo 400 bis, párrafo sexto, del Código Penal Federal, vigente hasta el 14 de marzo de 2014, alude a la forma en que el imputado decide ejercer su defensa frente a las pruebas aportadas en su contra, en el entendido de que si aquél no acredita la legítima procedencia de los recursos, dicha circunstancia, por sí sola, tampoco releva al Ministerio Público de recabar el acervo probatorio que acredite la existencia del delito y la responsabilidad penal; de ahí que no se está en presencia de una obligación, sino de un derecho que se puede ejercer o no y, en consecuencia, tampoco obliga al imputado a declarar en su contra. (PRIMERA SALA; 1a./J. 71/2014 (9a.); noviembre de 2014).

 

  • PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LOS ARTÍCULOS 2 Y 32, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Los preceptos citados no violan el principio de presunción de inocencia, en la medida en que la intención del legislador fue considerar a determinados negocios como vulnerables para ser utilizados en la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin que contengan una sanción administrativa o puedan calificar a las actividades o actos señalados como conductas ilegítimas de las que el gobernado deba probar su licitud. (SEGUNDA SALA; 2a./J. 87/2015 (10a.); junio de 2015).

 

  • PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO HACE NUGATORIO EL PODER LIBERATORIO DE LOS BILLETES Y MONEDAS QUE PREVÉ LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La prohibición del artículo 32 aludido, de dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos en los supuestos que desarrolla, no hace nugatorio el poder liberatorio de billetes y monedas expedidos por el Banco de México a que se refiere el artículo 4o. de la Ley Monetaria citada, en la medida en que aquel numeral sólo establece limitantes para el pago en efectivo, siendo posible hacerlo con depósito, transferencia electrónica a una cuenta bancaria o con la emisión de cheques; además, porque esta restricción tiene como fin proteger el sistema financiero y la economía nacional, constituyendo una medida para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita cuyo fundamento es el artículo 2 de la ley aludida. (SEGUNDA SALA; 2a./J. 86/2015 (10a.); junio de 2015).

 

  • PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO Y DE COMERCIO. La finalidad de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es proteger el sistema financiero y la economía nacional a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, y en sus diversas disposiciones establece limitaciones para llevar a cabo esos actos u operaciones, imponiendo obligaciones y prohibiciones a quienes realicen actividades consideradas como vulnerables, como la de condicionar el pago y aceptar la liquidación o el pago en efectivo de diversas actividades hasta por cierto monto a razón de salarios mínimos, además de obligar a recabar información y dar los avisos que en la ley señala; sin embargo, ello no viola el derecho a la libertad de trabajo y de comercio reconocido por el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no prohíbe de manera absoluta el desempeño de las actividades comerciales o profesionales, sino que sólo conlleva una restricción de las operaciones en efectivo que se consideran de alto valor y el establecimiento de ciertas obligaciones para quienes realizan actividades consideradas como vulnerables, y se justifica por el beneficio social que busca como finalidad constitucionalmente válida evitar que los recursos de procedencia ilícita fortalezcan las estructuras financieras de la organización delictiva. (SEGUNDA SALA; 2a./J. 106/2015 (10a.); agosto de 2015).

 

  • PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ASÍ COMO 25 Y 27 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE ÉSTA SE REFIERE, SI SU DEMANDA DE AMPARO LA PRESENTÓ DURANTE LA VACATIO LEGIS DE ESA NORMATIVA. Del artículo primero transitorio de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se advierte una regla general que dispone que entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; por ende, si ésta ocurrió el 17 de octubre de 2012, su vigencia inició el 17 de julio de 2013. Sin embargo, los diversos transitorios cuarto, segundo párrafo y quinto del ordenamiento citado establecen, respectivamente, dos reglas especiales, al señalar que: a) La presentación de los avisos en términos de las secciones segunda -De las actividades vulnerables, artículos 17 a 22- y tercera -Plazos y formas para la presentación de avisos, artículos 23 a 25- de su capítulo III, se llevará a cabo, por primera vez, a la entrada en vigor del reglamento de dicha ley; y, b) Las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos -artículos 23 a 25-, así como las restricciones al efectivo -artículos 32 y 33-, entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a que lo haga el reglamento aludido. Es decir, la vigencia de estos numerales está supeditada al inicio de la del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esto es, el 1 de septiembre de 2013, no obstante, el artículo segundo transitorio de este último ordenamiento reitera que las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos, así como las restricciones al efectivo, entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a que lo haga el propio reglamento, es decir, a partir del 1 de noviembre del año referido. En consecuencia, si la demanda de amparo donde se impugnan los preceptos 42, fracción II, 25 y 27 inicialmente mencionados se presentó antes del 1 de noviembre de 2013, éstos no podían afectar la esfera jurídica del quejoso, pues se encontraban en el periodo denominado vacatio legis, en el cual no existía obligación de cumplirlos; de ahí su falta de interés jurídico. (TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO; III.5o.A. J/2 (10a.); octubre de 2015).

 

  • PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER QUE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES DEBEN DARSE DE ALTA EN EL PADRÓN CORRESPONDIENTE Y ENVIAR LA INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN RELACIONADA CON ÉSTAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. Los artículos 17, 18, fracción VI, 19, 23, 24 y segundo transitorio, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establecen, respectivamente, el catálogo de actividades consideradas como vulnerables para efectos de la propia ley y, por tanto, objeto de identificación; las obligaciones de los sujetos que realicen las actividades vulnerables, entre las que se encuentra, presentar los avisos correspondientes en los tiempos y bajo la forma prevista en esa ley; que el reglamento de dicho ordenamiento instituirá medidas simplificadas para el cumplimiento de esas obligaciones, en función del nivel de riesgo de las actividades vulnerables y de quienes las realicen; el plazo para la presentación de los avisos; que ésta se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, que el Ejecutivo Federal emitiría el reglamento indicado. Por su parte, el artículo 12 de este último precisa que las personas que realicen las actividades vulnerables referidas en el artículo 17 de la ley, deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y enviar al Servicio de Administración Tributaria la información de identificación relacionada con éstas a través de los medios electrónicos y mediante el formato oficial que determine y expida la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia mencionada, así como que cuando ya no lleven a cabo actividades vulnerables deberán solicitar su baja del padrón correspondiente. En consecuencia, el hecho de que los sujetos obligados a presentar los avisos señalados deban darse de alta en el padrón y enviar la información aludida por medios electrónicos, no contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica a los que está sujeta la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, porque no se insubordina a la ley que regula, ya que es por esa herramienta tecnológica elaborada por la autoridad competente que se presentarán los avisos, mandato que previó la ley de la materia para el cumplimiento ágil de esa exigencia, es decir, el reglamento sólo desarrolló el cómo de las disposiciones legales citadas. (TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO; III.5o.A. J/4 (10a.); octubre de 2015).

 

  • PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER QUE CORRESPONDEN AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DIVERSAS FACULTADES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS PERSONAS QUE REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CXLIII/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 44, de rubro: “SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SUS CARACTERÍSTICAS LE OTORGAN LA NATURALEZA JURÍDICA DE UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.”, determinó, por una parte, que acorde con el artículo 1o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por otra, que carece de personalidad jurídica propia, pues ningún precepto le confiere una distinta de la que corresponde a la dependencia centralizada señalada, ni goza de independencia para tomar decisiones de propia autoridad. Por su parte, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita reconoce a la secretaría como autoridad competente para velar por la observancia de sus disposiciones. En consecuencia, el artículo 4 del reglamento de dicho ordenamiento, al establecer que el Servicio de Administración Tributaria tendrá diversas facultades de control y vigilancia de las personas que realicen las actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de su ley, por ejemplo, integrar y mantener actualizado el padrón relativo; recibir los avisos de quienes las lleven a cabo y remitirlos a la Unidad de Inteligencia Financiera; vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la presentación de esos avisos y, en su caso, requerirlos cuando los sujetos obligados no los exhiban en los plazos establecidos en la ley, el reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables, no contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica a los que está sujeta la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, porque éste puede determinar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se apoye en su órgano desconcentrado para la eficaz atención y el eficiente despacho de los asuntos de su competencia, aunado a que el reglamento mencionado sólo desarrolla el cómo de las disposiciones vinculadas con la obligación de presentar los avisos aludidos. (TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO; III.5o.A. J/3 (10a.); octubre de 2015).

 

  • PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ALTA EN EL PADRÓN DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA Y SU REGLAMENTO, ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA IMPLEMENTACIÓN DE ESE REGISTRO Y LOS PRECEPTOS QUE LO PREVÉN. Los artículos 17, 18, fracción VI, 19, 23, 24 y segundo transitorio, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establecen, respectivamente, el catálogo de actividades consideradas como vulnerables para efectos de la propia ley y, por tanto, objeto de identificación; las obligaciones de los sujetos que realicen las actividades vulnerables, entre las que se encuentra, presentar los avisos correspondientes en los tiempos y bajo la forma prevista en esa ley; que el reglamento de dicho ordenamiento instituirá medidas simplificadas para el cumplimiento de esas obligaciones, en función del nivel de riesgo de las actividades vulnerables y de quienes las realicen; el plazo para la presentación de los avisos; que ésta se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, que el Ejecutivo Federal emitiría el reglamento indicado. Por su parte, los artículos 4 y 12 de este último señalan que el Servicio de Administración Tributaria tendrá la atribución de integrar y mantener actualizado el padrón de personas que realicen las actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la ley, y que para llevar a cabo las acciones relativas al alta a ese padrón, dichas personas deberán enviar a ese órgano administrativo la información de identificación que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, y a través de los medios y en el formato oficial que determine y expida la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia mencionada, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. En ese contexto, con el alta en el padrón de actividades vulnerables implementado por el Servicio de Administración Tributaria, el quejoso adquirió la individualización que lo ubicó dentro de las hipótesis legales reclamadas, esto es, con dichos documentos acredita el interés jurídico para promover amparo contra la implementación de ese registro y los preceptos que lo prevén, porque al colocarse en el supuesto de la norma como sujeto que realiza actividades vulnerables, es claro que está obligado a cumplir con las obligaciones que establecen los dispositivos aludidos y con las prohibiciones o abstenciones ordenadas en éstos, ya que el alta en el padrón es un requisito principal para cumplir sus obligaciones. (TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO; III.5o.A. J/1 (10a.); octubre de 2015).

 

  • PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO, RESULTA IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contiene un entramado de obligaciones para sus distintos destinatarios, algunas de las cuales se actualizan desde la entrada en vigor de la ley, mientras que otras están sujetas a que se surta el supuesto normativo concreto, con la finalidad sustancial de dotar a nuestro país de instrumentos suficientes para prevenir y detectar operaciones llevadas a cabo con recursos de procedencia ilícita o tendientes a financiar actos de terrorismo. En ese sentido, se sostiene que tal ordenamiento legal, al constituir un sistema normativo complejo, debe analizarse como autoaplicativo en su integridad y, por ende, puede impugnarse desde su entrada en vigor, siempre y cuando el gobernado acredite, mediante el material probatorio que estime conducente, que por la naturaleza de las actividades, conocimientos, servicios o giros comerciales a que se dedica, se encuentra sujeto a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas por dicho régimen jurídico especial. (SEGUNDA SALA; 2a./J. 162/2015 (10a.); enero de 2016).

 

  • LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOM E.N.R.) POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, NO CONSTITUYE UN SERVICIO SUSCEPTIBLE DE GENERAR EL COBRO DE LA CUOTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. La facultad de inspección y vigilancia otorgada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar que los centros cambiarios, transmisores de dinero o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOM E.N.R.), cumplan las disposiciones del artículo 95 BIS de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, constituye una función de derecho público inherente a las obligaciones del Estado, al tener como fin evitar la comisión de los delitos relacionados en operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que pudieran realizarse a través de las referidas entidades financieras, en virtud de lo cual, dicha potestad no constituye un servicio público susceptible de generar el cobro de un derecho, por lo que la cuota que se cobra conforme al artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, por sí misma no tiene sustento constitucional, lo que implica, además, que no puede someterse al escrutinio del principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impera sobre las contribuciones, en tanto que aquélla no tiene esa naturaleza. (PLENO; P./J. 2/2016 (10a.); abril de 2016).

 

Espero sean de gran utilidad para su labor como profesionistas y permanentes estudiantes, o simplemente sean materia de consulta por el interés que tenemos los gobernados por el conocimiento sobre estos temas.

¡FELIZ DÍA DE MUERTOS!.

¡Saludos!

e-mail: dmagana.tax@gmail.com

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