Derecho a qué…“El verdadero reto de la Justicia Penal en la actualidad”

Derecho a qué…“El verdadero reto de la Justicia Penal en la actualidad”

Hace unos pocos día tuvimos un tema a nivel nacional respecto al ilegal proceder de la Procuraduría General de Justicia del estado, nos referimos al caso Tanhuato, hasta hoy en día no ha pasado nada, nuestro congreso no ha pedido la comparecencia del procurador Martín Godoy para que dé cuenta de las acciones ilegales llevadas a cabo por la institución que encabeza, no se ha dado cuenta del acatamiento a la recomendación emitida por la CNDH, no se han implementado acciones tendientes a evitar que esos hechos u actos ocurran en el futuro, en fin no ha pasado nada.

“…esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión de un delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.”.

Objeto de la justicia penal según el artículo 2° del

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ahora de nueva cuenta la P.G.J.E. está involucrada en un reclamo ante un actuar ilegal, nos referimos ahora al caso de los tres estudiantes normalistas que fueron favorecidos por un juez de control al dictar auto de no vinculación a proceso penal, consecuencia de un actuar ilegal de la fiscalía, de nueva cuenta tenemos un efecto corruptor que invalida el material probatorio que de dichas acciones ilícitas derive, de nueva cuenta no ha pasado nada, nuestro congreso sigue mudo, apartado, con declaraciones demagogas y en lo individual, ningún diputado ha iniciado un llamado oficial, un extrañamiento institucional, nuestra Comisión de Derechos Humanos fiel espectador a la distancia en estos

acontecimientos, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas no ha emitido un posicionamiento en este particular, y en el impacto que tienen estas acciones en cuanto a la garantía de reparación del daño ocasionado a las víctimas, nuestra ciudadanía esta desprotegida.

El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que su objeto, entre otros, es proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho; pues bien, desde un análisis jurídico las instituciones que intervienen en un proceso penal para asegurar que se repare el daño a la víctima, que exista un acceso a la justicia, que se respeten los derechos humanos de víctima e imputado, deben tomar parte activa en este propósito, así lo ha determinado la SCJN, mediante la tesis 2010422 que refiere la obligación que tienen todas las autoridades para respetar y garantizar los Derechos Humanos.

El tener una Procuraduría de Justicia, con vicios tan penosos y lamentables como lo es el hacerse valer de un efecto corruptor para tratar de sorprender al poder judicial y obtener resultados que le convengan, además de poner en jaque al Nuevo Sistema de Justicia Penal, afecta los derechos humanos de las víctimas, pues la SCJN ha señalado que los alcances del efecto corruptor es decretar la invalidez del proceso y, al no haber otras pruebas que resulten incriminatorias, decretar la libertad del acusado, como sí se lee en la tesis 2003563 de la Primera Sala; por ende, es indubitable que ante la impericia e ineptitud de nuestro órgano procurador de justicia las víctimas quedan desprotegidas y en la injusticia.

En este sentido es deber de la Procuraduría y del Procurador el vigilar que toda investigación se lleve a cabo con el debido respeto a los derechos humanos tanto de la víctima como los del imputado, el investigar los hechos con seriedad y profesionalismo y no, como sucede, casarse con una teoría del caso y hacerla valer a costa de cualquier precio, incluso de falsear información o pruebas ante el juzgador, nuestras autoridades de procuración de justicia deben respetar y hacer respetar el debido proceso, entendido como un instrumento legal de defensa de los derechos humanos, es menester que en el sistema penal oral actual tengamos un procuraduría a la altura, tengamos un Procurador con ética y vocación de servicio, de lo contrario, como en el caso acontece, el costo social será alto, se aviva el encono y la desilusión de las víctimas, se desacredita el Nuevo Sistema de Justicia Penal, entramos en un descontento social que puede derivar en acciones de desacato a la autoridad, de reiteración de acciones tendientes a hacerse justicia por propia mano, abonan

a la impunidad, desgastan al sistema, desgastan al gobierno y desgastan a la sociedad y queda sin garantía la reparación del daño a la víctima.

Ante las acciones de la P.G.J.E. la ciudadanía espera que nuestras comisiones de derechos humanos y de atención a víctimas hagan un llamado al Congreso Local para que comparezca el Procurador a dar cuenta pública de las acciones de la institución que encabeza, para que comparezca el gobernador para que explique a los Michoacanos sobre el actuar de su Procurador y sobre los motivos que tiene para que Martín Godoy permanezca en funciones, confiamos en nuestros órganos ciudadanos, sabemos que están enterados de las consecuencias políticas, jurídicas y sociales, que se generan al tener una procuración de justicia con muy bajo nivel ético y profesional.

Los ciudadanos aplaudimos la valentía de nuestros jueces que en este caso en particular tuvieron el valor para dictaminar la no vinculación a proceso, a consecuencia de una supuesta falsedad de hechos vertidos por la fiscalía, por hacer valer el artículo 60 del Código Nacional de Procedimientos Penales al ordenar se iniciara una carpeta de investigación sobre el particular.

Ahora el balón está en la cacha de nuestras instituciones, el Gobernador del Estado, el Congreso Local, las comisiones de derechos humanos y de atención a víctimas deben actuar sea cual sea el costo político y jurídico, deben tener solvencia moral para hacer valer el Estado de Derecho, deben forzar la explicación a los Michoacanos, deben dotar de una procuración de justicia digna al Estado, deben garantizar que el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán sea un mecanismo que asegure a los gobernador que los hechos serán esclarecidos, que se protegerá al inocente, que se procurará que el culpable no quede impune y que se repare el daño, deben asegurar el acceso a la justicia, que ante un conflicto que surja con motivo de la comisión de un delito se aplicará el derecho y será resuelto en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Sólo así la sociedad y los actores del Nuevo Sistema de Justicia Penal permitiremos convencidos el cambio de paradigma, sólo así se garantiza la credibilidad la aceptación y el aval social al sistema penal oral, este es el verdadero reto de la justicia penal actual.

Por: Salvador Molina Navarro.

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