Derecho a qué… ¿Perdonar y olvidar o una justicia restaurativa?… una decisión ciudadana

Derecho a qué… ¿Perdonar y olvidar o una justicia restaurativa?… una decisión ciudadana

No es un secreto el tema de las violaciones a los derechos humanos que se sufre día a día en nuestra nación, directa o indirectamente sabemos cómo funciona la procuración e impartición de justicia, hay siembra de evidencias, sabemos del efecto corruptor en el actuar de policías y ministerios públicos, de casos de tortura, de introducción de datos falsos en las indagatorias y procesos, de falsos testimonios, de justicia selectiva e imparcial, entre más.

También vivimos la corrupción imperante en el País, lo que también se es una forma de violación a los derechos humanos, ya que impide el acceso al mínimo vital, transgrede la seguridad jurídica, los derechos políticos y económicos, existen diversos casos de corrupción en todos los niveles de gobierno tanto del ejecutivo, legislativo y judicial.

El caso Tanhuato genera una división de posturas en la sociedad, algunos sectores señalan como no tan grave el hecho, debido a que las supuestas víctimas eran personas que al parecer poseían armamento potente, incluso se menciona un lanza cohetes activado con capacidad para derribar aviones; por otra parte hay quienes señalan el evento como grave, independientemente de la calidad moral o jurídica de las víctimas, pues se habla de ejecuciones arbitrarias por parte de las fuerzas armadas –Policía Federal y Ministerial del Estado-, al final del día ninguna causa puede justificar el abuso de los derechos humanos; desde estas posiciones se analiza el caso Tanhuato.

Desde el punto de vista jurídico la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos contiene hechos graves que violentan los derechos humanos de toda persona. El señalamiento se funda en la nula existencia de evidencia para reforzar la teoría del caso de la Policía Federal y Ministerial y del Gobierno. La CNDH señala que no se proporcionaron datos que fundará y justificara el uso de la fuerza pública en el extremo que se utilizó, refiere que existen datos que fundan la teoría de manipulación de la escena del crimen, de siembra de evidencia, de manipulación de los cuerpos, de manipulación de armas, en fin -los casos en concreto se relacionan en el documento emitido por la CNDH.

Estas acciones conllevan un efecto corruptor que anula las pruebas que se desprendan de estos hechos, esto ya ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Florence Cassez; pero el tema Tanhuato va más allá de un impedimento legal para introducir pruebas hechos o evidenciadas en juicio, este tema habla de ejecuciones arbitrarias en México, llevadas a cabo por elementos de la fuerza pública federal y estatal en detrimento de ciudadanos, esto pone de manifiesto que el Estado Mexicano actúa al margen de la norma y que disfraza sus acciones de legales mediante el discurso demagogo y el sometimiento de algunos medios de comunicación, estos hechos evidencian que los derechos humanos no constituyen ninguna garantía o límite en el actuar de las autoridades, esto nos señala que los ciudadanos vivimos en un estado fallido, esto hace referencia hacía donde debemos encaminar nuestras preocupaciones y nuestras acciones, fundamenta el impulso de la revolución social en que nos encontramos y que muchos inadvertimos o ignoramos por privilegiar nuestra comodidad. Esto alerta, alerta a los ciudadanos, alerta al sistema de justicia, alerta al nuevo sistema de justicia penal, alerta a las autoridades políticas, alerta a la comunidad internacional, alerta a México.

Ahora estamos ante consecuencias controladas que desvían la atención del tema principal, señalan que de ser necesario se cambiará todo el departamento pericial de la Procuraduría del Estado, se habla de una comparecencia del procurador Godoy para explicar el caso, se habla de un seguimiento al caso Tanhuato; sin embargo, no escuchamos que el Procurador Martín Godoy tenga que responder por las ejecuciones arbitrarias, que constituyen delito y responsabilidad administrativa, no se señala el por qué el actual gobernador del Estado propuso al Congreso a Martín Godoy para que fuera nombrado Procurador, sin estar claro el tema de Tanhuato y Apatzingán, no se cuestiona por qué no se ha pedido la renuncia de este funcionario y se ha iniciado una investigación formal, no se ha señalado a Alfredo Castillo quien en ese entonces ejercía un poder absoluto en el Estado, incluso sus amigos siguen siendo funcionarios en la Secretaria de Salud, en la Procuraduría y el Secretaria de Seguridad Pública, no se ha informado sobre las medidas a tomar para que el Estado Mexicano deje de ejecutar civiles, no se ha explicado el tema Tanhuato a la ciudadanía, ni se ha explicado el tema Apatzingán, ni el tema Ayotzinapa, ni el tema Tlatlaya, ni la diversidad de hechos en que el Estado Mexicano, a través de la fuerza pública, ha violentado los derechos humanos más sagrados, la vida y la libertad.

Mientras tanto nosotros tendremos que decidir entre el perdón y el olvido o el garantizar una justicia integral restaurativa no solamente a los familiares de las víctimas, sino a la sociedad mexicana en total, de nuestra decisión dependerán las consecuencias jurídicas y políticas, de nuestra decisión dependerán las futuras acciones que normen nuestros sistema jurídico mexicano, de nuestra decisión dependerá nuestro futuro nuestra nación y nuestra familia, la sociedad somos todos y todos seremos responsables de la patria que forjemos y del futuro que garanticemos.

Por: Salvador Molina Navarro

Facebook: Salvador Molina Twitter: @SalvadorMolina_

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