Derecho a qué…“La razón y la política en la ley antimarchas”

Derecho a qué…“La razón y la política en la ley antimarchas”

“Entre los individuos como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Benito Juárez García.

En el Congreso del Estado de Michoacán se está en discutiendo la ley que regula las manifestaciones sociales o públicas, en este tema empiezan a emitir opinión muchos actores políticos, tales como dirigentes partidistas, diputados, empresarios, sociedad civil organizada, etc, todos coinciden en un punto de análisis, el impacto de dicha normatividad en materia de derechos humanos.
Sin embargo, cuando introduces en tus argumentos temas de derecho, es menester fundar y motivar adecuadamente tus argumentos para no caer en manifestaciones falaces o demagogas; así entonces, si estimas que la iniciativa de ley que regula las protestas en el estado transgrede los derechos humanos debes indicar las razones en las que soportas esa opinión; y, por otro lado, si señalas que esa afectación a los derechos humanos no es suficientes para derribar la iniciativa en comento, también debes apoyar la conclusión en premisas lógicas.
En este sentido, la ley que regula las marchas o manifestaciones públicas evidentemente impacta los derechos humanos de las personas pues afecta los derechos de libre asociación y manifestación así como el de tránsito, previstos en los artículos 1°, en relación con el 9° y el 11, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esta la base de quienes están en contra de la aprobación de la iniciativa de ley; sin embargo, los derechos humanos en general tienen límites, precisamente para permitir la vida en sociedad bajo un esquema de orden y organización, en este sentido uno de los principios rectores de los derechos humanos es la interdependencia que se refiere a que los derechos humanos se encuentran relacionados o conectados entre sí, de ahí que si se transgrede o se satisface a alguno de éstos, ese acto tiene efectos en el goce y eficacia de otros.
Partiendo de lo anterior escrito, indudablemente se tiene fundamento al señalarse que la Ley Antimarchas transgrede derechos humanos, pero igualmente contiene certeza el señalar que la ley referida dota de respeto y garantiza los derechos humanos a otro sector social, como lo es el derecho humano a un libre tránsito –pues al obstruirse una vía de comunicación se limita o impide ese libre tránsito-, a permitir de manera libre el dedicarse a una actividad lícita –pues debido a las manifestación, es bien sabido, que muchos comercios se ven obligados a cerrar o muchas personas dejan de llevar a cabo sus actividades comerciales-; en fin, de aquí se advierte que en ambos extremos existen posicionamientos válidos, entonces qué deben hacer las autoridades en el tema?.
En primer lugar, debe hacerse un análisis sobre la interdependencia de los derechos humanos que se dicen protegidos o afectados, para poder tener base legal suficientes para motivar la preponderancia de unos contra otros, para lograr esto, es menester que se hagan públicas las iniciativas de ley que existan en el Congreso del Estado, es obligación de los diputados hacerlo y es derecho de los ciudadanos en conocer dichas normatividades, aún desde el proceso de su creación y no solamente cuando ya sean votadas
Ya hemos dado noticia de manifestaciones sociales en contra de esta ley, ya hemos escuchado a líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil organizada manifestarse respecto a estas iniciativas de ley, ya hemos testificado la defensa de la misma por parte de los diputados que la proponen, pero no hemos tenido certeza jurídica de que la misma no contiene más afectaciones que protección en materia de derechos humanos, no tenemos información sobre su eficacia o eficiencia al imponer límites al derecho de manifestación y libre tránsito, no sabemos cómo se garantizan los derechos humanos que regularmente se ven afectados al desarrollarse una marcha como se han dado en nuestra entidad federativa, de nueva cuenta los ciudadanos solo observamos el circo político, vemos en escena a los actores pero no advertimos nuestro papel en la obra, en este sentido, existe una figura jurídica en el derecho internacional que bien puede dirimir muchas de las inconformidades en el tema de la ley antimarchas, es la opinión consultiva que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene su fundamento en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, entre otro supuesto, señala que la corte, a solicitud de un Estado miembro de la organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, así pues, al tener una opinión consultiva por parte de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, es indubitable, que se desahogará gran parte de la polémica social y política que pueda acompañar a una iniciativa de ley que regule las manifestaciones públicas, así pues, los diputados que están impulsando este ejercicio legislativo, deben preocuparse por dotar de seguridad jurídica a los ciudadanos que representan y la mejor forma de hacerlo es haciendo pública su iniciativa de ley y acudir, a través del Congreso del Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hacer uso, por primera vez en la historia de Michoacán, de la opinión consultiva ante este tribunal internacional, con estos vericuetos legales todos los Michoacanos y Michoacanas estaremos cien por ciento seguros que la ley impulsada es compatible con los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y se agotaría la discusión, al final del día es bien sabido que entre los individuos como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

Salvador Molina Navarro.

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